El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, declaró este viernes en fiscalía en calidad de testigo en el marco de la investigación judicial sobre posibles delitos cometidos en el proceso de construcción del Antel Arena. La causa es dirigida por el fiscal Enrique Rodríguez y se inició tras una denuncia presentada por el directorio de la empresa estatal en noviembre de 2021.

“Naturalmente, como ustedes comprenderán, la investigación fiscal se encuentra bajo la lógica de la reserva, por lo que yo no puedo dar detalles de cuál es el curso de investigación que el fiscal está llevando adelante. Me tendrán que excusar por eso”, dijo Gurméndez a la prensa, aunque luego anunció que ante el fiscal “ratificó” lo que ha expresado “en ámbitos públicos, en la prensa o en el propio parlamento, referido a esta denuncia penal”.

En ese sentido, dijo que “ha habido un obrar sistemático, fuera de los cometidos legales de Antel, por autoridades que no tuvieron el debido cuidado por los dineros públicos, lo que nos costó a los uruguayos en el orden de los US$ 120 millones, con una cantidad de perjuicios económicos que se podrían haber anticipado y pérdidas”.

En el marco de esta causa, la intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, declaró en calidad de indagada en julio de 2022 y al salir de la fiscalía apuntó contra sus denunciantes, entre los que se encuentra Gurméndez, al calificar la denuncia como “una operación política”.

En contrapartida, el presidente de Antel dijo este viernes en rueda de prensa al salir de fiscalía que “este proceso se hizo en un manto de absoluta confidencialidad y reserva, lo que le dio poca cristalinidad y transparencia a los procesos, donde se ignoraron todas observaciones del Tribunal de Cuentas, que observó absolutamente todos los actos, no se respondió a las preguntas de los señores legisladores, se obvió el control parlamentario, no se hizo respuesta a lo que establecían ciudadanos y periodistas en la ley de acceso a la información pública, y además se fue por un camino de adjudicaciones directas sin licitación”, por lo que “se transformó la excepción en la norma”.

Gurméndez, que concurrió a la fiscalía acompañado por Robert Bouvier, vicepresidente de Antel, dijo además que hay “expedientes que están incompletos, donde no existen trazas de las decisiones ni motivaciones de las fundamentaciones”.

“Aquí hubo un accionar que la Auditoría Interna de la Nación constata, que la Junta Anticorrupción dictamina por unanimidad, en la que se fue para adelante con toda intención en este proyecto, cueste lo que cueste, eludiendo las normas, los contralores, y al final del día con gran perjuicio para la administración pública. Nos costó a todos; nos sigue costando”, agregó.

El documento presentado por las autoridades de Antel contiene información jurídica y de las auditorías, e incluye el informe realizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que señaló diversos errores en la estimación de costos, menciona un plan de negocios “incompleto” y un control presupuestal “inexistente”. Según estos informes, la diferencia entre el presupuesto previsto inicialmente para la obra y lo gastado fue de US$ 63 millones.