El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) y la Asociación Gremial de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia emitieron un comunicado conjunto en rechazo al veto por parte del presidente Luis Lacalle Pou de la ley que otorgaba créditos a extrabajadores de la mutualista Casa de Galicia.

En la misiva, los sindicatos expresan que algunos de los argumentos que sostienen el rechazo a esta iniciativa, aprobada a comienzos de noviembre por el Parlamento, son “falsos”.

En particular se refiere a cuatro de ellos y los detalla. Primero, rebaten que el sistema de garantías generado con los créditos laborales que otorga la ley les de “más ventajas con respecto al resto de los trabajadores privados”, como expresa el Ejecutivo.

Los firmantes consideran que la ley “intenta equiparar la situación entre los ex trabajadores de Casa de Galicia y los trabajadores de cualquier empresa privada” y que, para eso, “dispone que el BPS resuelva la situación conforme a la ley 19.690, vigente desde el año 2018”.

El segundo argumento rebatido hace referencia a los plazos para el pago de los créditos. Para Presidencia, se dispone de tiempos “breves y perentorios”. Sin embargo, el SMU, el SAQ y la premial de Casa de Galicia consideran que esto “no es de recibo” y sostienen que, mientras que el plazo legal del BPS para expedirse sobre el pago de este fondo “es de 150 días”, el proyecto de ley aprobado por el Legislativo determina 180 días más, “o sea, 6 meses, que hay que sumar a los 11 meses transcurridos” hasta el momento desde el cierre de la mutualista, afirman.

En tercer lugar, el comunicado asegura que la legislación actual sí contempla la cobertura a créditos postconcursales, a diferencia de lo que dice el veto, que hace una diferencia entre los concursales, que sí estaría contemplados y los posconcursales que no lo estarían.

Los créditos concursales son anteriores a la declaración del concurso y los postconcursales son posteriores a dicha declaración.

“La ley 19.690 no hace una diferenciación entre el pago de créditos concursales y postconcursales, por lo que no sabemos sobre qué fuente legal se basa para hacer esta distinción. Es de público conocimiento todo el proceso transitado por los trabajadores, tanto su verificación de créditos, como sus acuerdos transaccionales validados judicialmente y presentados en el BPS en diciembre del 2022”, expresa la carta.

Por último, el texto responde a la parte del veto a la ley que dice que “no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos personales con las autoridades empresariales”. “Esto es falso. El proyecto de ley ordena la aplicación de la ley 19.690, la que excluye del pago a los cargos de alta dirección o con vínculos de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive”, contestan las gremiales médicas.

A continuación, esgrimen que no es posible rechazar el documento legal con el argumento del aumento del gasto público extra ya que el proyecto “se remite a la aplicación del artículo 10 de la ley 19.690, vigente desde el año 2018”. Dicha ley afirma que se puede “integrar el Fondo de Garantía a efectos de mantener la cobertura del riesgo de insolvencia patronal hasta tanto lo recaudado por la contribución prescrita (…) pudiere restablecer la financiación de la prestación”.

Asimismo, el comunicado hace una crítica a la parte del texto del veto presidencial que habla de que el total de las prestaciones a pagar es de “un monto indeterminado”.

“Es difícil de creer que el Poder Ejecutivo no haya podido hacer los cálculos de los montos que implicaría cumplir con la ley 19.690 y corresponde aclarar que, según la información pública que surge del expediente concursal de Casa de Galicia, el gasto en caso de que se presentarán todos los trabajadores de Casa de Galicia (2078) sería de 23.316.453 dólares a una tasa de cambio de $ 40,8”, declaran los sindicatos de la salud.

Por último, hace dos aclaraciones con respecto al fondo. Por un lado, habla de que, de acuerdo con el decreto 77/2019, este fondo “está integrado por el aporte de las empresas y trabajadores y es administrado por el BPS”. Por otra parte, agrega que “en el fondo existen 12.000.000 de dólares y todos los meses ingresa un monto aproximado de US$300.000”, y agrega: “el propio Poder Ejecutivo ha propuesto crear un fondo aparte para los trabajadores de Casa de Galicia integrado por USD 8.000.000, es decir, que ya previeron el gasto de montos por fuera del fondo de garantía”.

Finalmente proclama: “Los legisladores tienen la palabra. Todos iguales ante la Ley. Voto no Veto”.

El comunicado fue compartido por el Sindicato Médico del Uruguay a través de Twitter y reposteado por los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Óscar Andrade. 

El veto presidencial entró al Parlamento el viernes 17, día a partir del cual la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, contaba con 15 días para citar a la Asamblea General para tratar lo enviado por el Ejecutivo. La votación necesita de dos tercios de los votos para que caiga la objeción presidencial parcial de Lacalle Pou.