Mediante la ley de urgente consideración (LUC) se dispuso la eliminación de los consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica, de Educación Media Superior y de Educación Técnico-Profesional (UTU). La desaparición de estos consejos, que pasarán a ser direcciones con ausencia de representación docente, comenzará a regir este viernes.
En este contexto, la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes) dio una conferencia de prensa en la que criticó la LUC y llamó a firmar para llevar a referéndum 135 artículos.
La secretaria general de Fenapes, Alejandra Vespa, dijo en conferencia de prensa que "hoy es un día muy triste para la educación pública en general" porque "la LUC, con la eliminación de los consejos, rompe con una tradición histórica en los gobiernos colectivos en la educación uruguaya".
Vespa señaló que los consejos fueron creados en 1918 y el de Secundaria en 1935, hace casi un siglo, y "toda esta rica historia de trabajo colectivo de organismos colegiados solo fue interrumpida en épocas muy duras para nuestro país como la dictadura fascista en la década del 70". "Hoy el gobierno nacional y la coalición de gobierno deciden erradicar los consejos atentando contra la gestión colectiva", apuntó.
Vespa expresó que Fenapes tiene "profunda preocupación por los pasos que se están dando en contra de la democracia en nuestro país" y acotó que "la transformación de los consejos de educación en general en direcciones unipersonales subordinadas al Codicen y al Ministerio de Educación y Cultura van en contra de la autonomía del sistema de educación pública en nuestro país, que además está consagrada en la Constitución de la República".
"Este elemento, además, constituye una avanzada más en el desmantelamiento del sistema nacional de educación pública, implica la centralización y el control político partidario del sistema de educación con una visión empresarial", añadió.
"Hoy se ataca la autonomía, el funcionamiento colegiado, la participación y representación de los docentes en organismos de la educación", dijo Vespa y aseguró que esta situación demuestra "el temor que tiene el gobierno nacional de ampliar la democracia y la participación de los docentes".
Vespa manifestó que esta eliminación implica "un profundo retroceso democrático" y anunció que su sindicato seguirá "batallando por la educación púbica".
Vuelta a clases
Por su parte, el secretario general del Fenapes José Olivera se refirió en la conferencia a una presunta situación compleja de cara al inicio de cursos. Según dijo, a fines de enero el sindicato recibió un documento del Codicen sobre el inicio de las clases, pero "es una verdadera cáscara vacía" ya que "no hay ninguna medida concreta que pueda ser parte de un plan mediante el cual generar las condiciones para el retorno a clases en 2021".
"El Codicen el año pasado cometió un error gravísimo que lo pagó caro el conjunto de la sociedad, los estudiantes, las familias. Fue haber tocado un pilar básico de la educación pública uruguaya que era la obligatoriedad. Desde la improvisación, desde la instancia de recorte presupuestal que ya estaba operativa el año pasado, resolvió administrativamente hacer no obligatoria la vinculación pedagógica del estudiantado con el sistema educativo. Esas consecuencias las van a pagar las futuras generaciones", apuntó Olivera.
"Siempre hemos defendido la presencialidad como elemento estructurante del acto educativo. Ahora, no se trata de cualquier presencialidad en el marco de la emergencia sanitaria, se trata de una presencialidad que entre otras cosas ponga a resguardo la salud tanto de estudiantes como de trabajadores y trabajadoras del sistema educativo. Lamentablemente esto que se ha publicitado en las últimas horas es una cáscara vacía donde en este proceso de disolución de los consejos, de concentración del control político partidario sobre el sistema educativo, lo que se hace es desconcentrar las responsabilidades e intentar trasladar a la dirección o a los equipos docentes de cada comunidad la resolución de problemas que deben ser atendidos por la propia administración", continuó.
Olivera dijo que "en este plan se habla de que cada centro tendrá que buscar en sus barrios, en sus pueblos, en sus villas, nuevas infraestructuras para poder garantizar la presencialidad", pero aseguró que "solo un burócrata que desconoce" el funcionamiento del sistema educativo "puede idear este planteo".
"Desconoce las implicancias que tiene para el funcionamiento de una institución educativa contar con más de un edificio anexo", expresó.
Además, dijo que "el aumento de la cantidad de estudiantes por grupo producto de la reducción de las horas docentes en educación secundaria es otra limitante muy fuerte que va a jugar en contra de la plena presencialidad con garantías sanitarias para todas y todos".