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La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay emitió un comunicado en apoyo al trabajo de la fiscal de 2º Turno de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas, a quien le fue asignada la investigación sobre la denuncia de una mujer trans contra el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi.
Según trascendió en varios medios de comunicación, Fleitas había sido la elegida por Cabildo Abierto en caso de que la Fiscalía pase a ser dirigida por un triunvirato, iniciativa que no ha avanzado en el Parlamento ya que no hay una posición homogénea sobre el tema.
“Como gremio representante del 90% de fiscales del país, consideramos: que resulta absolutamente pernicioso para el trabajo de la Fiscalía; que cada vez que a un/a fiscal se le asigne un caso de trascendencia pública, se comiencen a deslizar suspicacias sobre las personas. Es oportuno reiterar que los fiscales tenemos vedada la actividad política, entonces es inexacto vincular a un/a representante de la Fiscalía con facciones políticas”, comienza el comunicado del gremio de investigadores.
En esta línea, la misiva agrega: “Obviamente que los fiscales votamos, pero nada más; por tanto, vincular fiscales con partidos políticos a partir de insinuaciones es perjudicial, primero para el/la funcionario/a, y segundo para el normal funcionamiento del sistema, pues se daña su credibilidad. Es muy preocupante que el mero hecho de que una fuerza política proponga a un/a fiscal de carrera como posible fiscal general dé pie a que se deslice vinculaciones improcedentes”.
La Asociación también apuntó contra el Parlamento, y recordó que la institución “padece una coyuntura de acefalía desde hace casi 1.000 días”, luego de la renuncia como fiscal de Corte del abogado Jorge Díaz.
“Hasta la súplica hemos pedido se designe un fiscal general, evaluando trayectorias y aptitudes de fiscales. Pero el ser propuesta/o no puede significar que el colega sea foco de señalamientos con lógicas políticas que deben estar por fuera de esta institución y función. Nuestro objetivo no es condicionar la tarea de nadie, sino hacer un llamamiento a reflexionar sobre la importancia del trabajo fiscal, alejado de rumores o suspicacias que afectan a los colegas y a la confianza de la ciudadanía en la institución y en el sistema de justicia”, apunta el comunicado.
Como gremio representante del 90% de Fiscales del país, consideramos: que resulta absolutamente pernicioso para el trabajo de la Fiscalía; que cada vez que a un/a Fiscal se le asigne un caso de trascendencia pública, se comiencen a deslizar suspicacias sobre las personas
— Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay (@FiscalesUruguay) March 14, 2024
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La fiscal Fleitas
El caso de la denuncia contra Orsi fue asignado a Fleitas por el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación del Ministerio Público.
Fleitas es una funcionaria conocida dentro del mundo fiscal y de la Justicia uruguaya, no solo por algunas investigaciones que ha llevado adelante, sino porque ha protagonizado diferentes polémicas dentro de Fiscalía.
Uno de los abogados designados por Orsi es el exfiscal de Corte Jorge Díaz, a quien Fleitas tuvo como superior durante algunos años, antes de que el ahora defensor dejara sus funciones públicas.
En 2015, Díaz le retuvo el sueldo y sancionó a la fiscal por seis meses, tras una denuncia del Colegio de Abogados del Uruguay sobre algunas irregularidades en su proceder cuando estaba a cargo de la Fiscalía de Treinta y Tres.
Básicamente, los defensores aseguraban que Fleitas había hecho algunos acuerdos abreviados sin las garantías suficientes, producto de “procesos arbitrarios”.
En 2022, un juez de lo Contencioso Administrativo condenó a la Fiscalía a pagarle más de un millón de pesos por una sanción que resultaba irregular, y un Tribunal de lo Contencioso Administrativo dio el visto bueno a favor del Ministerio Público.
Otro de los casos que la tuvo como protagonista fue cuando se la condenó a indemnizar a un chofer de camión. El hombre había chocado y se le retuvo la licencia de conducir por un año, pero debido a las actuaciones de Fleitas el tiempo se extendió a tres años. Esto provocó que el individuo perdiera su trabajo.
Si bien en un comienzo la indemnización iba a ser pagada por el Poder Judicial y el Ministerio de Educación y Cultura, este último entendió que era Fleitas quien debía hacerse cargo porque era la que estaba al frente de la causa.
Finalmente, el juez de lo Contencioso Javier Gandini entendió que era correcto y Fleitas tuvo que pagar $ 440.000 más intereses.
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