El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, analizó las cifras de delitos presentadas este martes, correspondientes al segundo trimestre de 2022, que muestran un incremento de 17,2% en los homicidios y una caída de los hurtos y las rapiñas de 6,3%, respecto al mismo período de 2021. 

González dijo en entrevista con Doble Click (FM Del Sol) que las cifras son “la constatación de una “baja constante” desde marzo de 2020 de “los dos delitos que tenían más en jaque a la población”: el hurto y la rapiña. “Con y sin pandemia, lo importante es continuar descendiendo. Para nosotros es una alegría y creo que para todos debería de serlo, y no debería haber voces disonantes”, expresó. A su vez, destacó que se registró el menor número histórico de homicidios devenidos de rapiñas. 

Por otro lado, el jerarca mencionó que “ha habido algunos meses en los cuales el homicidio ha tenido datos y cifras” que para el ministerio “no son para nada positivos”. “Le planteamos a la sociedad la razón que entendíamos nosotros de por qué está sucediendo esto y qué era lo que estábamos haciendo”, señaló. En ese sentido, reiteró la tesis que ha sostenido el gobierno, de que el aumento está enmarcado en la disputa entre bandas criminales. 

El combate al narcotráfico termina en “focos de conflicto” y “muerte”. “Lo vemos diariamente sacando de la calle récord constante de cantidad de drogas y enorme cantidad de armas”, afirmó González. 

De los 95 homicidios registrados entre julio, agosto y setiembre de este año, 71 de ellos tienen antecedentes o indagatorias por delitos, informó este martes el Ministerio del Interior. La cifra implica, de acuerdo con la perspectiva oficial, que el 75% de las víctimas de los homicidios de ese trimestre estarían vinculadas al mundo delictivo. Consultado sobre por qué se incluyeron las indagatorias policiales como parte del criterio, cuando las mismas no necesariamente implican la comisión de un delito (de hecho, por el mero hecho de recibir una denuncia, una persona puede ser indagada), González respondió que esa decisión procura “hilar más fino”. 

“Ahí hay un análisis un poco más fino de la policía. ¿Qué tipo de indagatoria tuvo? ¿Por qué estuvo instalado? Eso no quiere decir que la persona haya sido culpable, por supuesto”, reconoció el jerarca, y agregó: “Es simplemente un análisis de la sociedad un poco más hilando fino. Hay de todo. Lo expresó claramente el ministro [...]. Lo que está claro es que más del 50% tiene directa vinculación”.  

“Hay mucha gente que tiene muchas indagatorias sobre temas muy graves, que por una razón u otra en su momento no se lo pudo vincular a ese hecho. Estuvo vinculado capaz en 10 hechos, estuvo indagado, quedó descartado, entonces se lo analiza. Pero simplemente se lo analiza. Eso no significa, como ha señalado el presidente de la República constantemente, que una muerte sea menos valiosa que otra”, planteó.  

En ese sentido, expresó: “Cuando nosotros decimos que tenemos dos personas muertas por una rapiña, para nosotros es muy importante porque estamos defendiendo al trabajador, al bolichero, al del quiosco, al que tiene una pizzería, al repartidor o al taxista. Porque no es lo mismo un enfrentamiento entre dos bandas en una calle, donde incluso puede morir un inocente —nosotros no queremos que muera ninguno de esas bandas, pues no queremos tenerlos armados; queremos otra realidad— que esa persona que estaba trabajando, viene una persona a robarle y le pega un tiro. No es lo mismo”.  

González descartó que, al marcar esa distinción, el ministerio esté fomentando un pensamiento de “que los narcos se maten entre ellos”. “No, no hay mensaje. Es extremadamente injusto [pensar eso]. Es un dato de la realidad. La realidad rompe todos los esquemas; no hay con qué darle”, apuntó. Para él, la distinción “la marca todo el mundo”.  

“El mensaje del ministerio es: nosotros estamos preocupados por los homicidios. Lo ponemos arriba de la mesa, estamos trabajando en esto, tenemos más despliegue policial y vamos a poner 2.000 cámaras donde nunca se pusieron, que era la zona más complicada y donde la gente más humilde está atrapada muchas veces entre bandas delictivas y entre bandas de narcotraficantes. Y vamos a poner para que haya presencia del Estado, disuasión y para que haya, sobre todo, aclaramiento de los hechos”, afirmó, en referencia a las zonas policiales III y IV. 

Y prosiguió: “No hay ningún tipo de relato, ni una división de clases, ni de forma; no hay mensaje. Simplemente hay que aclarar que cuando una persona va y mata a quien está trabajando de sol a sol para llevar el peso a su casa, no es lo mismo que dos bandas que se están disputando una boca de pasta base. La vida nos duele muchísimo y peleamos para que haya menos homicidios de todo tipo. Nosotros queremos defender primero al trabajador, sin duda. Porque el trabajador no está con un arma tratando de herir, robar, lastimar o matar a otro, mientras que el delincuente sí”.  

“Si un sicario mata a uno de una boca, ¿vale lo mismo que una señora que estaba en el supermercado y le pusieron un arma en la cabeza y la mataron? No”, insistió. 

Explicaciones al aumento de homicidios 

González expuso que varias de las muertes reportadas en el último tiempo tienen que ver con una “dinámica” de escasez de droga vinculada a la acción policial que lleva a un “corrimiento de bocas”. “El dueño de una o más bocas, al consumidor, para que no se corra de una boca a otra, si lo ve consumiendo en otro lado da una señal clara y lo mata”, describió. “Ha pasado muchas veces”.  

En otros casos, los homicidios se explican por falta de dinero de los consumidores para hacer frente al pago de la droga ya adquirida. “Estamos hablando de una desgracia”, consideró. “Su adicción es más grande que lo que tiene para canjear por un chasqui de pasta base, y ya debe. Entonces: ‘O trabajas para mí o me pagas el dinero’. Bueno, no tengo. Y un día van, y para que el resto no deba, también dan la señal y lo matan”, indicó.  

En otro momento de la entrevista, González manifestó fue esta administración la que comenzó a “tapiar bocas”. “No se había tapiado ninguna antes”, aseguró, y dijo que lo hizo en coordinación con la Intendencia de Montevideo. “Comenzamos con el ministro Larrañaga en marzo del año 20 en Canelones y Convención, en una esquina muy grande. Fue la primera que tapiamos y después hemos tapiado muchas en una coordinación excelente, y lo señalamos siempre”, indicó. Agregó que similar tarea se ha hecho con las intendencias de Canelones, Lavalleja, San José y Maldonado. 

En realidad, durante gobiernos anteriores y bajo la coordinación del anterior director de Convivencia Gustavo Leal, también se tapiaron bocas de drogas. 

Cosse y su ofrecimiento de “ayuda” 

Por otro lado, González se refirió a las declaraciones de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, quien días atrás manifestó preocupación sobre los delitos en la capital, sobre todo en algunos barrios, y dijo estar dispuesta a colaborar con el Ministerio del Interior.  

A juicio del jerarca, en materia de seguridad, la oposición “trata de equiparar el desastre del Frente Amplio de su gestión de 15 años”. 

“Recorro muchísimo [el territorio]. Capaz que ella lo recorre tanto como yo, no creo que más”, apuntó. No es así como ella señala. Hay que ir a las crónicas que ustedes mismos, los periodistas, hacían. Ni siquiera hay que hablar de los números; vayan un poco para atrás y vean cómo estaban los barrios, y vayan ahora y vean qué presencia hay, qué es lo que pasa, cuál es la dinámica diaria. Creo que la intendenta no está siendo ni justa, ni le están diciendo la verdad en algunos barrios”, sostuvo. 

Según el jerarca de Interior, Cosse y “el 90% del Frente Amplio” están “haciendo política” con los temas de seguridad. Además, advirtió que “la colaboración” que ofrece la intendenta, como la iluminación de las calles, “son cosas que las tiene que hacer la intendencia”. “No está ayudando. Se paga para eso”, insistió.