Gobierno uruguayo condenó ataques contra referentes políticos y sociales en Nicaragua

El Gobierno uruguayo emitió, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, un comunicado de condena a “las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno de la República de Nicaragua que disponen la privación de libertad para referentes políticos, sociales y culturales del país y vulneran sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.

“Este avasallamiento a las libertades individuales es claramente violatorio del derecho internacional, del sistema jurídico interamericano y de los valores democráticos que se promueven desde la comunidad latinoamericana”, agregó el comunicado en la noche de este viernes. La nota llevó el título de “Ataque a las libertades individuales”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelecto para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Las autoridades de Nicaragua despojaron este miércoles de la nacionalidad nicaragüense a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y al excomandante de la revolución Luis Carrión. Asimismo, a los acusados se les declaró prófugos de la Justicia.

También a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, al excanciller Norman Caldera, al exmagistrado sandinista Rafael Solís, al exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, al periodista Carlos Fernando Chamorro y a otros 85 nicaragüenses acusados por delitos considerados “traición a la patria”, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

La respuesta en la región

Desde la fuerte condena de Chile hasta la cautela de México o Colombia y el silencio de Argentina y Brasil, el caso de los apátridas nicaragüenses ha mostrado distintas posturas en Latinoamérica frente a uno de los temas más controvertidos de los últimos tiempos en la región, y ha provocado fuertes críticas contra varios de esos gobiernos por no condenar de forma inequívoca una violación evidente de los derechos humanos.

Hasta ahora, la reacción más contundente ha sido la del Gobierno chileno, que lidera el progresista Gabriel Boric y quien cataloga como una “dictadura totalitaria” a la administración de Daniel Ortega.

“Nos parece que la situación es de la más alta gravedad. Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestran, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, dijo el jueves la canciller chilena, Antonia Urrejola.

“Desde Chile no solo vamos a seguir denunciando esta situación, vamos a seguir haciendo las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a estas personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización en Nicaragua, y esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, añadió la ministra del Exterior.

Con más cautela, el Gobierno que encabeza en Colombia el izquierdista Gustavo Petro expresó este viernes su “preocupación” por los recientes acontecimientos en Nicaragua, a raíz del retiro de la nacionalidad a 94 ciudadanos —con lo que sube a 317 la cifra de apátridas en los últimos días— por sus críticas hacia Ortega, y el destierro de 222 exprisioneros políticos, que fueron excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023”, señaló la Cancillería colombiana en un comunicado.

Según el Gobierno de Petro, “estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”.

La Cancillería también hizo “un llamado a generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”.

Con información de EFE