Gobierno recortó $ 2 millones de presupuesto anterior para atender a liberados de cárceles

Se estima que entre 6.000 y 7.000 personas egresan cada año del sistema penitenciario uruguayo. La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) es la dependencia encargada de acompañarlos en su proceso de reinserción social.

Aprobada en la Rendición de Cuentas de 2015, la Dinali —ex Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados— comenzó a operar en 2016 bajo la órbita del Ministerio del Interior (MI). Los equipos técnicos que la integran se enfocan en la captación de privados de libertad que estén próximos a salir, en lo que se conoce como la etapa de preegreso. Para ello, trabajan de manera coordinada con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que aporta los datos para poder brindar, en base a las necesidades y carencias de cada recluso, soluciones laborales y habitacionales.

Esto es posible gracias a los convenios entre esta oficina y empresas públicas y privadas, que ofrecen oportunidades de trabajo a liberados. Asimismo, en las unidades con equipos “más reforzados”, se ha logrado establecer un vínculo con la familia de la persona y funcionar como “interfaz entre el adentro y el afuera”, según dijo el coordinador de la Dinali, Daniel Fernández.

El funcionario destacó, en diálogo con Montevideo Portal, que actualmente hay 314 egresados del sistema penitenciario trabajando en simultáneo. Si bien dijo estar orgulloso de la cifra, reconoció que “no es suficiente”. “Vamos a más. Queremos y estamos trabajando continuamente en seguir articulando con instituciones públicas y privadas, para dar a conocer la oferta programática de nuestra dirección, lo que ofrece nuestra bolsa laboral y el acompañamiento”, subrayó.

“Queremos sustituir ‘prejuicio’ por ‘herramientas y oportunidades’. Las personas que recuperan la libertad ya cumplieron su condena; no podemos, como sociedad, sumar una nueva que impida esa reinserción”, reflexionó.

Según datos oficiales, el presupuesto anual para esta dependencia ahora es de aproximadamente $ 8,5 millones, mientras que en 2019 era mayor a los $ 10,5 millones, y a esta cifra se sumaba un componente variable —aprobado en la Rendición de 2018— que implicaba que, quienes accedieran a las pasantías laborales, tanto dentro como fuera de la cárcel, aportaran a la Dinali un 10% de lo que recibían.

Fernández asumió su cargo en junio de este año, junto con el director general Martín Quiró, luego de la desvinculación de Gustavo Silveyra, expastor de Misión Vida para las Naciones, quien estuvo al frente de la oficina desde 2020 hasta 2022.

Consultado acerca del presupuesto, el actual coordinador dijo que no estaba en condiciones de determinar si era bajo o alto. “Si se determina que es bajo o que no es suficiente, se buscarán los instrumentos posibles para pedir refuerzos presupuestales […]. Nosotros, particularmente, hace muy poco que estamos y no hemos tenido limitantes presupuestales como para hacer una valoración de ese tipo”, expresó.

Cambio de rumbo

En aras de una impronta “más social”, en enero de este año, la Dinali pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En conversación con Montevideo Portal, Jaime Saavedra, exdirector de la dependencia, dijo que este cambio es una posición que defiende “hace añares”.

Saavedra encabezó la dirección de la oficina en 2010 cuando todavía era Patronato, hasta 2013, durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) y, cuando se constituyó como la Dirección Nacional del Liberado, durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020), estuvo al frente desde 2018 a 2020. En ese entonces, la distribución de recursos humanos y económicos dentro del Ministerio del Interior era “absurda”. “Tenías un ministerio de 31.300 funcionarios y en la Dinali había menos de 100”, condenó.

“En Interior, el cometido principal es otro, la gente está preparada para otra cosa: la prioridad es la prevención y la represión del delito, la disuasión del delito, no la integración social. El Ministerio del Interior tiene otras preocupaciones, otras ausencias, otros reclamos y otros anhelos de la ciudadanía. Y está bien que así sea”, opinó.

En este sentido, consideró que el Mides tiene la sensibilidad y los recursos humanos “suficientes” para entender “por dónde van a jugarse las barajas con el tema de la organización social”. No obstante, él evalúa —y lo planteó en su gestión— que sería mejor que la Dinali fuera un programa de Presidencia. 

Por su parte, Fernández señaló que, previo a esta modificación, cuando una persona que recurría a la Dinali salía del centro penitenciario, tenía que dirigirse a una dependencia policial.

“Lo que queremos es que los técnicos de la Dinali que se desempeñan en el interior del país dejen de estar en oficinas policiales y pasen a trabajar en oficinas territoriales del Mides” para que las personas liberadas “tengan más posibilidades de acercarse a una oficina, ya que, naturalmente, los privados de libertad —en su gran mayoría— no se quieren acercar a una dependencia policial al momento del egreso”, explicó.

Y agregó que los funcionarios que ya han sido trasladados a las oficinas territoriales “vienen trabajando de muy buena manera, tanto con los equipos técnicos de la oficina como con la dirección departamental”.

De acuerdo con el censo de población en situación de calle realizado en 2020, el 53% de las personas que están a la intemperie tuvieron un pasaje por privación de libertad. “Sabemos que es población pasible de terminar en situación de calle […] entendimos que estar bajo la órbita del Mides nos da la posibilidad de articular de manera más rápida”, sostuvo.

En la misma línea, Martín Lema, titular del Mides, dijo en conferencia de prensa que hay que trabajar en conjunto en la generación de nuevas oportunidades para las personas que recuperan su libertad. “Nosotros tenemos que dar alternativas para que el camino no sea ni la reincidencia ni la situación de calle”, apuntó.

Foto: Dante Fernández / FocoUy

De obligaciones y derechos

El artículo 14 de la Ley 17.897 establece, en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicios públicos, la obligatoriedad de las empresas de contratar un mínimo equivalente al 5% de personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo de la Dinali.

Según Fernández, desde la dirección se busca dar a conocer a las empresas lo indicado por dicha normativa. “Estamos viendo qué instrumentos tenemos para solicitar y sugerir a las instituciones del Estado y a las intendencias departamentales que, a la hora de elaborar sus pliegos, hagan referencia a este artículo”, dijo.

El coordinador destacó la buena disposición por parte de los contratantes, en lo que respecta a su experiencia, y agregó que desde la Dinali están dispuestos a “concientizar, entusiasmar y exponer” su trabajo: “Para eso, estamos continuamente generando instancias para poder articular”. Asimismo, comentó que mostrar los casos de éxito “es lo que genera interés a las empresas”, así como también dar a conocer los beneficios tributarios.

“Lo que las instituciones buscan es un perfil de la persona, no un currículum. Un perfil que surja, por supuesto, de un acompañamiento, de un seguimiento”, resaltó. En referencia a los cursos y capacitaciones que se ofrecen tanto fuera como dentro de la cárcel, Fernández dijo que pretenden “diversificar” la oferta: “Entendemos que la realidad del mercado laboral es muy dinámica; por tanto, intentamos siempre buscar aggiornarnos a la hora de la oferta de formación”.

A su vez, destacó la firma de convenios con Ingener y Teyma, dos empresas del rubro de construcción, que, según dijo, están abocadas a la responsabilidad social-empresarial y, desde hace tiempo, vienen trabajando con población vulnerable.

Otro de los ejes donde pone foco la Dinali es el educativo, y, en esa línea, Fernández señaló que llevan adelante dos importantes convenios con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y con la UTU, para diversificar también la oferta educativa.

Foto: Martín Riveron / FocoUy

Belleza por un futuro

“Belleza por un futuro” es un taller de capacitación producto de un acuerdo entre el programa Sembrando y la empresa de cosméticos L’Oreal que ofrece formación técnica en peluquería a mujeres privadas de libertad.

La iniciativa, inaugurada en 2021 en la cárcel de mujeres de Rivera (Unidad Nº 12), está coorganizada por el Ministerio del Interior y el INR, con el objetivo de brindar una herramienta que ayude a las internas en la inserción laboral luego del egreso.

Inicialmente, se crea como un plan piloto para evaluar el desarrollo y la adaptación de las participantes. A los ojos de la subdirectora técnica del INR, Lourdes Salinas, el resultado fue “un éxito total”, y por ello la experiencia se replicó en 2022 en la Unidad 13º de Maldonado, la Unidad 9º de Montevideo, la Unidad Nº 24 de Soriano, la Unidad Nº 26 de Tacuarembó y la Unidad Nº 20 de Salto.

“L’Oreal no solamente lleva los docentes, sino que también arma la peluquería completa”, detalló la funcionaria, y agregó que, si bien el curso se comenzó a implementar con mujeres, se habla de la posibilidad de desarrollarlo con hombres.

A su vez, se refirió a la experiencia riverense. “La cárcel de mujeres de Rivera es muy chica; está dentro de lo que era la vieja Jefatura de Rivera. Es un lugar no muy amigable desde el punto de vista de la estructura. Es un edificio del 1800 aproximadamente, entonces no tiene muchos espacios. [El taller] ayuda muchísimo a cambiar, por lo menos, el día a día de las mujeres que están privadas de libertad”, expresó.

“La población femenina”, continuó, “es bien particular, porque viene de contextos mucho más vulnerables”. “Estamos hablando de mujeres que en su desarrollo de vida han sido muy vulnerables, han sido maltratadas, son las únicas cabezas de familia. Entonces, una vez ingresada la privación de libertad, esos hijos quedan como a la deriva”, sostuvo.

En este sentido, valoró que el taller les brinda herramientas y aprendizajes para poder proyectarse y pensar en el futuro, en desarrollar un emprendimiento propio o ingresar a trabajar como empleadas en centros de estética o peluquerías.

En total, son cerca de 80 mujeres quienes tienen acceso al curso, que pone el foco en perfiles que no estén muy próximos a egresar —porque la duración es de nueve meses—, pero tampoco que tengan una condena muy extensa por delante, ya que “perderían el training”.

Problema de todos

Saavedra estimó que los resultados del trabajo de la Dirección Nacional del Liberado, junto a los del Patronato, han sido “extraordinarios” pero no “suficientes”: “Con esta complejidad y con esta expresión cuantitativa del problema que tenemos, es imposible que se pueda acompañar”. 

De todas formas, el exjerarca destacó que no hay otro país en Latinoamérica que tenga la performance que tiene la Dinali, pero todavía falta “tener claro cuál es el norte” y “pensar un un plan”. “Vos tenés que buscar en el encuentro entre los países, en problemáticas que son comunes; que haya un desarrollo institucional”, agregó.

Pese a no existir ningún estudio que lo ampare, Saavedra cree con firmeza que la “clave” es el trabajo formal. “Si vos tenés trabajo, tenés cómo resolver el tema de la vivienda. En cambio, si tenés vivienda y no tenés laburo, termina mal. No solo es la promesa de retribución a fin de mes, la platita en el bolsillo —y la platita bien ganada, por derecha, en un trabajo formal—, sino lo que el trabajo representa para todo el mundo adulto, lo que después se llama pomposamente construcción de ciudadanía”, expresó.

“A veces se dice que no tienen cultura de trabajo porque nunca trabajaron. ¿Cómo se hace la cultura de trabajo si no trabajás? La cultura de trabajo se hace trabajando; más claro, echale agua”, dijo. Además del trabajo, mencionó que otro pilar es el acompañamiento familiar: “Familiar en un sentido amplio, un entorno que te ilusione, que te toque el corazón”, apreció.

Y concluyó: “Hay que ser hincha del Patronato y de la Dinali. Hay que siempre mirar con piedad y con prudencia las diferencias y las discrepancias, y siempre pensar en la Dinali, porque la Dinali fue, es y va a ser un gran escudo del pobrerío”.