El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para la creación de un fondo para el pago de créditos laborales concursales a los exempleados de Casa de Galicia, que de acuerdo a datos que tiene el Poder Ejecutivo, la cantidad de trabajadores que no cobraron indemnización por despido serían 2.036.
El proyecto de ley, que fue firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, establece la creación en el Banco de Previsión Social (BPS) de un fondo especial para que se denominará Fondo de Insolvencia Casa de Galicia. El documento también fue firmado por le ministro de Trabajo, Pablo Mieres, la de Economía, Azucena Arbeleche, y la de Salud Pública, Karina Rando.
“El presente proyecto de Ley procura dar una respuesta específica y particular para este colectivo de extrabajadores respecto a los créditos laborales insatisfechos, que como consecuencia del cierre de actividad y de la grave situación en que se encontraba la ex mutualista no han podido ser saldados con el resultado del proceso concursal. El Poder Ejecutivo considera necesario atender la especial situación de estos trabajadores creando un marco jurídico que permita atender la contingencia de falta de pago de las indemnizaciones por despido. Por lo tanto, se envía este proyecto de ley que procura ser un vehículo para que los extrabajadores reciban una prestación adecuada”, señaló el Ejecutivo en la exposición de motivos.
El proyecto incluye el cobro de sueldos o jornales, licencias, indemnización por despido legal, además de multas.
Para el cobro, quedan excluidos los trabajadores que tengan con los miembros de los órganos de dirección de la ex mutualista Casa de Galicia, “un vínculo de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive” y los trabajadores de alta dirección (directores, gerentes generales y todo aquel que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad de la ex mutualista).
El proyecto establece que el fondo se constituirá con la transferencia de hasta 54.700.000 Unidades Indexadas (UI) provenientes de Rentas Generales, unos US$ 8 millones.
“Los créditos laborales antes referidos se garantizarán hasta por un monto máximo equivalente a 30.000 Ul (US$ 4.500) por trabajador. El monto de la prestación será abonado a cada beneficiario en un único pago”, limita el artículo 5.
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