El presidente Luis Lacalle Pou, junto al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y autoridades de Obras Sanitarias del Estado (OSE), anunció en conferencia de prensa la aprobación de una primera etapa de construcción de redes de saneamiento en 61 localidades en los 18 departamentos del interior del país.

Lacalle explicó que esta etapa significará una inversión en el entorno de los 280 millones de dólares, y que insumirá la mano de obra directa de aproximadamente 2.000 personas. Debido a que se tratará de una iniciativa privada, se llamará a licitación internacional en febrero de 2023 y, según dijo Peña, se aspira a que las obras comiencen a finales del 2023.

“Hay un proponente, porque es una iniciativa privada, que tendrá una ventaja, pero esto —y le interesa mucho al Gobierno— en un régimen competitivo que establece la ley. Nos interesa mucho que sea un régimen así y que puedan presentarse la mayor cantidad de empresas posibles, de forma tal de llegar al mejor rendimiento y al menor costo para el Estado uruguayo”, indicó el titular de Ambiente.

“Esta iniciativa está vinculada a otra muy importante de la OSE, de similar cuantía económica, como es la toma de agua de Arazatí”, dijo el presidente. Por su parte, Peña señaló que, entre los dos proyectos, se alcanza una inversión total de unos 500 millones de dólares. “Llegamos al final de este año con un anuncio que supone la inversión ambiental más importante de la historia del país”, apuntó el ministro.

“Con esta inversión, pasaremos de una cobertura de apenas el 50% en el interior del país, a casi el 70%. Eso mejora de calidad de vida”, agregó.

Sobre la mano de obra que se requerirá, Lacalle dijo que la idea, “por motivos de facilidad laboral y de traslado”, es que “impacte en puestos de trabajo en las localidades”.

“Como va a haber muchas obras al mismo tiempo, lo que espera el Gobierno es que hayan empleados de las mismas localidades que están siendo beneficiadas con el saneamiento”.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Peña indicó que el modelo de negocios a utilizarse “es muy similar al de Arazatí” y que la OSE “va a pagar por la infraestructura” cuando esta esté “disponible”.

“Quiere decir que el Estado uruguayo no pagará un peso hasta que las infraestructuras estén disponibles y OSE pueda realizar el servicio de saneamiento en las localidades. Por tanto, el riesgo se traslada al privado”, puntualizó.

El secretario de Estado dijo que el proyecto está pensado en 25 años y que OSE deberá pagar una cifra de “28 o 29 millones de dólares por año, de aquí al final”, pero que el monto definitivo se definirá en el pliego de febrero.

“Es importante destacar algo, este es el plan de saneamiento que el Uruguay ya tiene. Lo que está haciendo el Gobierno es adelantar el ritmo de ejecución. A la tasa de inversión que se venía realizando en saneamiento, estaríamos alcanzando los objetivos de cobertura del 90%, en el entorno de 35 o 40 años. La aspiración es alcanzarlo en 12 años, y hoy anunciamos la primera etapa para alcanzar esa cobertura total en 12 años aproximadamente. Entonces, lo novedoso es el instrumento que nos permite desarrollar esta obra”, sostuvo el jerarca.

Lacalle indicó que serán 55.000 conexiones nuevas, entre 170.000 y 200.000 personas beneficiadas.