Gobierno firmó decreto “hecho a la medida de la empresa de Godín y Lugano”, según Fancap

Un decreto firmado por la anterior administración, en el año 2019, reguló la comercialización en el territorio nacional del cemento portland estructural con el fin de "garantizar" las exigencias esenciales de calidad y seguridad del producto usado en el país.

El decreto establecía la obligación de que los cementos que se venden en el país cuenten con un certificado de comercialización a efectos de ser librados al consumo. Obligaba a las empresas a individualizar en sus remitos o facturas el número de certificado de comercialización y también a rotular y marcar el cemento con la información del fabricante. Entre esta información debía figurar con claridad la fecha de vencimiento, que no podía ser superior a los 90 días a contar de su despacho de la planta de producción. También establecía sanciones para las empresas que incumplieran con este decreto.

En mayo de 2020, la Dirección Nacional de Industrias recibió varias denuncias por incumplimiento contra dos de las empresas que comercializan cemento en Uruguay: Charrúa (conocida por ser propiedad de los deportistas Diego Lugano y Diego Godín) y Dook S.A. La primera trae su cemento desde Turquía y la segunda desde Brasil.

El incumplimiento del decreto había sido criticado por la Federación Ancap, que sí tramitó el certificado correspondiente que exigía la normativa. El expresidente de Fancap Minas, Martín Villamil, señaló entonces que el cemento viene "sin control" de Turquía y con "una rebaja impositiva que hace que pueda competir a mejor precio con los cementos nacionales".

Charrúa argumentó que no habían recibido todas las notificaciones correspondientes y que tras enterarse del incuplimiento hacían gestiones en la Dirección de Industrias.

Nueve meses después de realizadas las denuncias (que siguen a estudio de Jurídica), Charrúa sigue sin certificar su cemento, a diferencia de las otras tres empresas que comercializan cemento portland (entre ellas, Ancap).

Ahora, un decreto firmado a fines de enero modificó el del gobierno anterior, cambiando algunas exigencias para el producto. Según el nuevo texto, firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, "se identificó que los plazos definidos en el Reglamento Técnico para el vencimiento del producto que se reglamenta pueden representar dificultades en las operaciones de comercio actuales".

Por lo tanto, amplió de 90 a 150 días la fecha de vencimiento del producto a contar de su despacho desde la planta de producción. "A solicitud del responsable de comercialización, podrá solicitarse en cualquier momento el ensayo total de un lote específico para verificar o confirmar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el artículo", agrega.

Nombre y apellido

Fancap asegura que las "dificultades en las operaciones de comercio actuales" a las que alude al Gobierno en su decreto solo pueden referirse a Charrúa, que importa desde un lugar lejano como Turquía, y pide saber en qué criterios técnicos se basó Presidencia para flexibilizar las exigencias, algo que a su juicio puede afectar el control de calidad del producto.

Gerardo Rodríguez, presidente de Fancap, dijo a Montevideo Portal que se trata de "un decreto hecho a la medida de Charrúa, la empresa de Godín y Lugano". "No se explica más que por un tema de favorecer a una empresa. Pensamos que atrás de esto debe haber mucho más. En la reunión de Godín con el presidente debió haber también otras cuestiones", agregó, en relación al encuentro que Diego Godín mantuvo con el presidente en la Torre Ejecutiva en setiembre de 2020. "Nos juntamos porque somos amigos", dijo el futbolista a la prensa a la salida de aquel encuentro, del que participaron también el canciller Francisco Bustillo y Amando Castaingdebat (hijo), presidente de la Juventud del Partido Nacional

Estuvimos con los amigos @diegogodin @luislacallepou y Pancho conversando hoy en Presidencia. De todo menos Política. pic.twitter.com/fGUq0OwgoR

— Armando Castaingdebat Ramirez (@Armandocastaing) September 5, 2020

Fancap "intuye" que, además del decreto mencionado, la empresa de los futbolistas podría estar relacionada con la anunciada asociación con privados en la planta de portland de Paysandú, discutida por la federación, que la ve como una forma de privatización. "Ancap dejaría de gestionar Paysandú, pero estas cosas se sabe cómo empiezan pero no se sabe cómo terminan, si al final se entrega toda el área de cemento a privados", acotó.

Rodríguez agregó que "es claro que se da vida a la competencia de Ancap para que crezca" con este decreto, al que calificó además de injustificado técnicamente. "Me gustaría saber en qué estudio técnico está fundamentada la decisión de extender el vencimiento. Imagino que no es poner el plazo que a uno se le ocurre sin saber si eso va a desembocar en alguna falla edilicia que pueda generar daños importantes. ¿Cuáles son las garantías para cambiar la fecha de vencimiento? El anterior plazo supongo que estaba amparado en una fundamentación. No parece responsable ampliar el vencimiento de un producto muy sensible, pero no nos consta eso", manifestó.

Montevideo Portal se contactó con UNIT, Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, que confirmó que no hubo consultas de orden técnico por parte del Gobierno para tomar la decisión de extender el vencimiento, aunque el instituto sí había participado en el anterior decreto, recomendando por entonces un máximo de 90 días. 

Gerardo Rodríguez dijo que una referencia en este punto puede ser lo que se hace a nivel internacional con los plazos de vencimiento, pero que tampoco allí se encuentran argumentos a priori para ampliarlo a 150 días.

Las experiencias internacionales

A nivel internacional, el vencimiento permitido del cemento portland a comercializar no supera los 90 días (con excepciones puntuales como en el interior de África, debido a que allí el producto no está sometido a condiciones de humedad, especialmente las del traslado marítimo que afectan más su resistencia). En la Unión Europea los plazos de vigencia están en un rango de entre dos y tres meses; en países cercanos, como Brasil y Paraguay, el tope es tres meses; en Estados Unidos tampoco puede superar los tres meses sin que se haga un reensayo para ver si se encuentra en condiciones.

Este vencimiento con tope a tres meses se basa en estudios hechos en cemento portland almacenado. Por ejemplo, un trabajo titulado "Un estudio de las características de resistencia del cemento portland en condiciones de almacenamiento", publicado por el International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, concluye que incluso en condiciones de almacenamiento hermético se producen pérdidas de resistencia, aunque no son significativas hasta un plazo de tres meses.

Sin embargo, buena parte del cemento se trae en materiales con mallas permeables, por lo que el deterioro puede producirse en plazos menores.

El trabajo concluye también que esa pérdida de resistencia afecta menos a las mezclas más "ricas" y más a las mezclas más "pobres" (es decir, las que tienen menos cemento), un tema especialmente sensible para un segmento que tiene poca forma de verificar la calidad, como por ejemplo las compras de particulares para arreglos y construcciones en viviendas.