Una carta con fecha del 31 de octubre de 2021 emitida por la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, solicitada por el abogado Alejandro Balbi, fue utilizada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset para pedir su libertad luego de haber sido detenido por tener un pasaporte paraguayo falso. El hombre quedó preso cuando intentó salir del país, luego de estar varios días circulando con el documento apócrifo.
La carta señala que Marset estaba en condiciones de tramitar el pasaporte uruguayo legal, una vez que salga de prisión, informó El Observador. El documento escrito en inglés, además, deja claro que la aprobación del pasaporte estaba sujeto a la determinación del Ministerio del Interior. La carta enviada por el Gobierno uruguayo está sujeta en la Convención de Viena sobre las relaciones consulares de 1963, ratificada a nivel local por la Ley 13.774.
Esto último es justamente uno de los argumentos que da el Ministerio de Relaciones Exteriores para explicar por qué envió el documento, que permitió a Marset justificar que no tenía necesidad de usar un pasaporte falso.
En el momento en el que Balbi solicitó el documento, Marset no tenía antecedentes penales y tampoco la requisitoria internacional, según dijeron fuentes de la cartera a Montevideo Portal. Además, la legislación vigente establece que se debe “prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado” sin importar la condición en que estén.
Por esto es que la Cancillería accedió a enviar la nota, ya que consideran que están amparados por la ley vigente.
La investigación
Hace algunos meses, la Cancillería comenzó una investigación administrativa que llegó a su fin la semana pasada. La orden fue emitida por el ministro Francisco Bustillo y buscaba ahondar en el proceso administrativo que llevó a la obtención del pasaporte uruguayo a nombre de Marset.
Las conclusiones de las investigación fueron elevadas a la Fiscalía especializada en Delitos Económicos de 1er turno, a cargo de Enrique Rodríguez. Montevideo Portal accedió a parte de los documentos presentados, donde la instructora a cargo del proceso concluye en que no hubo irregularidad en la tramitación del documento uruguayo.
“No fue detectada por la suscrita ninguna falta administrativa ni relativa al procedimiento y gestión de pasaporte, ni en cuanto a las comunicaciones formales por las cuales se impartieron instrucciones”, sostiene el texto. En tanto, sobre las “conversaciones informales” que se dieron entre Balbi y el consulado, se afirma que “sustentan la información que por las vías oficiales fueron canalizadas”.
De acuerdo al documento, “surge probado que en todo momento las oficinas intervinientes —Departamento de Documentación de Viaje, Dirección de Asuntos Consulares y la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación— dieron cuenta de la situación remitiendo información recibida por la Misión ante Emiratos Árabes Unidos al Ministerio del Interior e Interpol”.
En línea con lo anterior, Cancillería también indica que no hubo “ningún trato excepcional en la gestión del pasaporte, recordando que la atención inicial del caso surge por el hecho de encontrarse un ciudadano uruguayo privado de libertad en el exterior”.
Además, todos los funcionarios que tuvieron intervención en el trámite del documento negaron haber recibido instrucciones por parte de algún jerarca para darle celeridad al proceso.
“Por tanto, y luego de un análisis exhaustivo y minucioso de los elementos de la presente instrucción, la suscripta instructora se permite concluir que no resulta constatado la ocurrencia de irregularidades administrativas”, finaliza el texto.
Estos datos también fueron entregados al Frente Amplio, luego de que la bancada de senadores opositores hiciera un pedido de informes que fue negado por Cancillería. Una vez que los legisladores hicieron el reclamo en la Justicia, el fallo fue favorable y la cartera respondió las preguntas.