Gobierno electo respaldó a Alfie y su “asesoría técnica” en juicio entre Estado y Aratirí

El Gobierno electo divulgó un comunicado este domingo por la mañana luego de que desde el sábado se supiera que el próximo director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, iba a participar en Washington de una instancia del juicio que mantienen la multinacional Aratarí con el Estado uruguayo.

El economista explicó este domingo que su participación en el litigio se daba por un informe que él elaboró para la empresa, y que, según informó el domingo el Gobierno electo, tenía que ver con la "historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay".

"Ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia", especificó el próximo Gobierno.

El documento, se añade, fue entregado en junio del año pasado "y no aborda ni tiene como objeto lo inherente al litigio entre la empresa y el Estado".

El comunicado apunta también que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, conocía de la participación de Alfie.

"El futuro director de la OPP ha dado a lo largo de su trayectoria sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público, que hacen que el gobierno electo deposite en él la confianza para ejercer la función gubernamental", agrega.

En el último punto del comunicado, el Gobierno señala que "defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado".

"En este asunto en particular vale recordar la postura que sobre este tema ha tenido desde un principio Lacalle Pou, que siempre manifestó su fuerte oposición a la instalación de Aratirí, en aras de obtener información fehaciente sobre su impacto ambiental, impulsó una intensa agenda parlamentaria, destacándose interpelaciones y llamados a sala de los ministros correspondientes", se finaliza.

La empresa Aratirí realizó una demanda contra el Estado uruguayo de 3500 millones de dólares, al entender que durante la implementación del proyecto hubo cambios que lo tornaron inviable.

Entre los puntos más fuertes de la demanda está el hecho objetivo de que hubo un cambio en la legislación uruguaya, además de la eliminación del proyecto del puerto de aguas profundas en Rocha, donde había sido planteado el proyecto.

Otro de los elementos que afectó el proyecto fue el precio del hierro que cayó en dólares en los últimos 10 años un 63.3% y entre los años que estuvo la empresa en nuestro país tuvo una caída de 77.3%, aunque esa evolución del precio, al menos en parte, debió ser evaluada por la empresa que planificó un trabajo a 20 años.

La empresa, que comenzó a operar en 1981, había llegado con la intención de invertir dos mil millones de dólares, exportar a China unos 18 millones de toneladas y emplear unas 1500 personas.

En el marco de este proceso en el tribunal de arbitraje, una delegación del gobierno uruguayo viajó hace una semana hacia Estados Unidos. Las comparecencias durarían una semana más y se llevan adelante en un marco de alta confidencialidad.

La delegación uruguaya está integrada por representantes de Presidencia de la República, y los ministerios de Transporte y Obras Públicas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; el Ministerio de Industria, Energía y Minería. También hay funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.