El Gobierno argentino defendió este viernes las modificaciones por decreto que limitan el acceso de la ciudadanía a la información pública, anticipó que no se revertirán los cambios y reiteró que el objetivo es proteger la “información privada de los funcionarios públicos”.
“Se trata de que el acceso a la información pública efectivamente sirva para eso y no destinar más recursos de los que se requieren para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado nacional, que es el espíritu de la ley”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.
El funcionario agregó, sin embargo, que la intención del decreto que modificó la ley de acceso a la información pública es “que esta información no vaya en contra de la privacidad de los funcionarios”.
“Simplemente, es tratar de ordenar un poco preguntas que no hacen al erario público, la utilización de fondos, que no hacen a la honestidad del funcionario y que concentra mucha utilización de recursos para atender este tipo de cuestiones”, añadió.
Consultado por unas recientes declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la posible introducción de cambios al decreto, Adorni negó que eso vaya a suceder.
Organizaciones no gubernamentales y colectivos de la prensa han cuestionado el decreto, ya que este determina que el Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal —papeles de trabajo, reuniones previas, etcétera—.
Además, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
Estas modificaciones generaron durante los últimos días una ola de denuncias por parte de organizaciones civiles y de prensa, que resaltaron el efecto negativo que los cambios de esta ley pueden tener sobre el sistema democrático y amenazaron con tomar acciones legales de no revertirse o modificarse el decreto.
Desde hace siete años rige en Argentina una ley de acceso a la información pública, que garantiza a la ciudadanía, mediante un mecanismo de petición, el derecho de acceso a la información pública.
En el pasado, esta ley ha desvelado comportamientos impropios de las autoridades y colaborado en la investigación de causas judiciales o echado luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
Con información de EFE