Montevideo Portal
Una delegación del Poder Ejecutivo estuvo este jueves en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, donde volvió a exponer sobre el proyecto de liquidación de activos y pasivos de Gas Sayago.
En la comisión, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, actualizó el costo que tuvo para las arcas del Estado el frustrado proyecto de regasificadora. El total estimado fue de US$ 256 millones, de los que US$ 100 millones se pagaron mediante una garantía ya ejecutada.
Por tanto, el Estado afronta pérdidas por US$ 156 millones, según los datos proporcionados a Montevideo Portal por fuentes del Ministerio de Industria.
Con base en los datos presentados por Emaldi, el proyecto insumió gastos por US$ 217 millones, a lo que se suman hasta el momento US$ 36 millones en juicios pendientes y otros costos. De este dinero, hubo US$ 30 millones por el juicio de la constructora OAS, más otros US$ 5 millones por los pilotes que hay que sacar de la bahía y otros juicios menores.
Además, se agregan otros US$ 125.000 de costos e impuestos por cada mes que la empresa sigue sin liquidarse. Esto implica US$ 1,5 millones por año.
El oficialismo busca votar este mes el proyecto de liquidación de activos y pasivos de Gas Sayago. Según lo previsto, el miembro informante será el senador Jorge Gandini.
El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo en una rueda de prensa que el gobierno busca “poder proceder a liquidarla de una vez y que los juicios que están en curso los asuman los accionistas, que son Ancap y UTE”.
Paganini dijo que apuntan de este modo a terminar con una operación que genera determinados costos fijos.
El Gobierno analiza solicitar el desarchivo de la causa, dijo Paganini. “Hubo unos exhortos [enviados a Brasil], a través de los acuerdos que hay con los sistemas judiciales, para que interrogatorios que tenían que ver con OAS, que es la empresa que fracasó en la construcción del gasoducto, puedan ser incorporados a la causa. Esa información llegó tardíamente y además está incompleta. Podría dar para un desarchivo y está siendo evaluado por los servicios jurídicos de las empresas”, afirmó.
El fiscal Luis Pacheco pidió en mayo a la Justicia el archivo de la investigación contra la administración anterior por el caso Gas Sayago. El funcionario consideró que no surgió de sus actuaciones que los funcionarios indagados hayan incurrido en “actos arbitrarios”, y que tampoco buscaban de forma “deliberada” causar perjuicios a la administración pública o a particulares.
La denuncia fue presentada en 2021 por UTE en el Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno, y tramitada a través del abogado de la empresa, Jorge Barrera. El proceso se inició a partir de presuntas irregularidades registradas por la auditoría realizada en Gas Sayago por la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC), contratada en octubre de 2020 por el ente.
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