Funcionarios de la Intendencia de Tacuarembó se quedaron con donaciones y fueron imputados

Once funcionarios de la Intendencia de Tacuarembó fueron imputados por un delito de peculado luego de que se quedaran con donaciones que debían ser dirigidas a la población.

Entre agosto y noviembre de 2019 las empresas Oceantur SA y Megaworld Trading SA (usuarias indirectas de Zona Franca Florida), ofrecieron cada una a la Intendencia de Tacuarembó "una donación de diferentes artículos" con un valor de 3.145 dólares y 6.894 dólares, respectivamente. Las donaciones tenían como objetivo "destinar dichos artículos a obras sociales en todo el departamento, así como colaborar con las personas más carenciadas", según información consignada en el pedido de formalización de la fiscal del caso, Valentina Sánchez.

El 28 de mayo de 2020 la Intendencia de Tacuarembó resolvió aceptar las donaciones, que serían las siguientes: 1.816 tapas de madera para inodoro, 3.930 pares de botas, 2.618 unidades de equipos de lluvia, 1.764 unidades de camperas, 1.876 unidades de accesorios para dama, 485 unidades de carteras y bolsos y 599 unidades de vestimenta de dama. Asimismo, la comuna resolvió que los artículos tendrían como destino beneficiar obras sociales, así como colaborar con las personas más carenciadas.

Dice el documento fiscal que el 16 de julio la comuna envió a Zona Franca Florida un camión de una empresa privada para obtener la mercadería prometida y hacer el traslado a la ciudad de Tacuarembó. Acompañó el trayecto una camioneta de la intendencia con cuatro funcionarios para cargar la mercadería.

Una vez cargado el camión y una zorra, la mercadería se transportó a la ciudad de Tacuarembó y todos los materiales quedaron en el galpón de la empresa transportista. Al día siguiente, la mercadería fue trasladada al Estadio Municipal Raúl Goyenola. Una vez que llegó el camión, comenzaron a llegar las tres cuadrillas convocadas para la descarga de la mercadería donada, conformadas por más de 15 personas.

En el lugar se encontraba el capataz a cargo de la descarga y ubicación de la mercadería en las distintas habitaciones del estadio. Indicaba dónde se iban ubicando las cajas y la mercadería. Entre las cajas venían varias herramientas (llaves inglesas).

Lo primero que destaca la Fiscalía es que "no surge que se realizara control alguno en zona franca al momento de la carga de la mercadería, como tampoco al momento de la descarga en el Estadio Municipal, habiéndose constatado que las herramientas, por ejemplo, son artículos que no surgen como donados pero fueron cargados al camión y descargados en el campus".

En el desarrollo de la descarga concurrieron al estado una escribana -quien reviste el cargo de secretaria general de la Intendencia-, un abogado de la Intendencia- y otro secretario del Ejecutivo comunal. Al llegar observaron la descarga de la mercadería. Antes de retirarse, la escribana dio la orden al capataz de que cada uno de los funcionarios que estuvieran descargando podían sacar un "par de botas de goma y una llave inglesa" a los efectos de retribuir el trabajo de la descarga.

El capataz expresó a los funcionarios que trabajaban que ellos podían tomar un par de botas y una llave inglesa, razón por la cual algunos funcionarios, antes de retirarse, se llevaron dichos artículos.

Sin embargo, uno de los funcionarios se llevó 13 pares de botas y cuatro tapas de inodoro; otro siete camperas, dos capas de lluvia, un buzo de lana, una tapa de inodoro, cuatro vestidos de dama, una llave francesa y un par de botas; otro tres tapas de inodoro, siete chalinas, dos camperas, una capa de lluvia, una cartera, dos vestidos, una llave francesa y un par de botas; otro cinco chalinas, una tapa de inodoro, cuatro camperas, dos carteras, una llave francesa y un par de botas.

También otros funcionarios se llevaron diversa mercadería que superaba lo permitido por el capataz. Al resto de los funcionarios solamente se les incautó un par de botas y una llave francesa, o uno de ambos artículos, tal como se había permitido. Uno de los funcionarios vendió cuatro pares de botas en su barrio a 250 pesos cada uno.

La Fiscalía informó que los imputados se apropiaron de artículos pertenecientes a la comuna, cuyo destino era social y para personas carenciadas. Además, esto se dio en un contexto de pandemia y crisis económica, por lo que las donaciones se hacían más necesarias que nunca.

La Fiscalía pidió como medida cautelar el arresto domiciliario de todos los implicados y la prohibición de comunicarse entre ellos por un plazo de 60 días, pero la Justicia dictó las medidas por un período de 45 días.