La investigación sobre las ventas millonarias de cálculos biliares de bovinos sigue adelante, luego de que las partes se presentaran ante la Fiscalía de Delitos Económicos para declarar.
El fiscal Enrique Rodríguez comenzó hace meses las indagatorias luego de recibir un informe del Banco Central sobre movimientos sospechosos en cuentas bancarias. Tras las primeras actuaciones, los investigadores pudieron constatar que el depositante del dinero es una empresa que tiene sede en Hong Kong, que adquiere cálculos biliares de las vesículas de animales bovinos luego de que estos son faenados en frigoríficos. El negocio se completa cuando dicha compañía los revende con el fin de usarlos en joyas, cosméticos y materiales de belleza estética.
¿Cómo hacían la operación? Los involucrados lograban adquirir los cálculos, lo que resulta realmente difícil porque no son comunes en los animales, a través de contactos en frigoríficos locales. Luego, realizaban un proceso de tratamiento de los elementos para que estuvieran listos para ser recibidos en China. Cuando lo último estaba completado, se contactaban con un courrier que enviaba los elementos.
Los envíos son ilegales porque el mercado no está autorizado por el Estado uruguayo, salvo para Estados Unidos. En otros países, como Paraguay y Brasil, ha habido causas similares. Las fuentes afirmaron que es el primer caso que se da en Uruguay, lo que obligó a los investigadores a informar sobre la mercadería que salió del país sin el certificado correspondiente.
El mercado chino suele estar interesado en este tipo de cálculos porque su medicina tradicional los utiliza como un remedio natural para varias enfermedades, como hipertensión y trastornos hepáticos. Las piedras se recolectan en las faenas de frigoríficos, se limpian y luego quedan listas para ser vendidas.
El gramo de estos cálculos suele venderse en el mercado a cifras similares a las del oro, por lo que el kilo del material cuesta miles de dólares. Entre los acusados hay dos argentinos, padre e hijo, que son defendidos por el penalista Marcos Pacheco y ya declararon ante el fiscal Rodríguez para intentar demostrar que no tuvieron participación directa con los hechos.
El resto de los implicados son cuatro uruguayos y, según la documentación recabada por la Fiscalía, recibieron ingresos por alrededor de US$ 10 millones a través de transferencias bancarias. La defensa de los compatriotas la realizan Jorge Díaz y Enrique Moller.