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El Frente Amplio presentó a la oposición el proyecto de ley que modifica el financiamiento de los partidos políticos.
El texto pone un tope en los aportes realizados por las personas que ocupen cargos electivos, políticos y de particular confianza que estén afiliadas a un partido de un 15% de su salario, debiendo haber una autorización expresa del implicado.
Además establece que todas las transacciones sean realizadas por medios de pago electrónico y que cada partido político deberá realizar una Rendición de Cuentas cada año, que será presentado ante el Tribunal de Cuentas.
Para los gastos de las elecciones, el Estado dispondrá de 295 pesos por cada voto a las candidaturas presidenciales y para las elecciones departamentales el valor será de 44.2 pesos, mientras que para las elecciones municipales el aporte del Estado será de 23.8 pesos por cada voto.
La ley prevé un incremento del 30% para aquellas listas que sean encabezadas por mujeres y ocupen efectivamente el cargo, por lo que el Estado pagará más o menos en función del sexo del ciudadano elegido.
Además, prohíbe la publicidad estatal durante el período electoral, a excepción de las campañas de información a la ciudadanía, referentes a situaciones puntuales.
En cuanto a la publicidad de los partidos políticos fuera del período electoral se establece que solo se permitirá convocatoria a actos en un formato distinto al de la publicidad electoral y en horario central.
También se reduce la campaña electoral de las elecciones internas a solo 10 días de antes del acto eleccionario y se integra en la veda a “Internet y cualquier medio de comunicación”. En las otras elecciones se mantienen los plazos anteriores: Treinta días antes de las elecciones nacionales, quince días antes de la segunda vuelta y treinta días antes de las elecciones departamentales.
Durante el período electoral se establece un sistema para repartir la publicidad estatal gratuita en el horario central correspondiendo un 45% en partes iguales para todos los partidos políticos con representación parlamentaria, un 50% en proporción a los votos obtenidos en la anterior elecciones y un 5% para los nuevos partidos políticos.
A su vez, “se prohíbe a los partidos políticos la adquisición, en forma directa o indirecta, y a cualquier título, de publicidad o propaganda electoral en televisión abierta o por cable” y al mismo tiempo se prohíbe que los medios de comunicación realicen aportes a los partidos políticos.
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