A iniciativa del senador Daniel Olesker, los legisladores del Frente Amplio presentaron un recurso de revocación ante la resolución Nº 556/9/2022 tomada el 8 de setiembre por el directorio de Ancap para asociarse con privados para la explotación del negocio del cemento portland y la cal.
La bancada opositora impugnó el acto administrativo amparada en lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución.
“Ancap adoptó una decisión fuera del ámbito de su competencia sin norma legal habilitante, viciando de nulidad la resolución administrativa recurrida”, expresaron los legisladores.
El senador frenteamplista José Nunes dijo en rueda de prensa que “este tipo de asociaciones” entre entes públicos y capitales privados requieren la aprobación de ambas cámaras del Parlamento, por “una mayoría de integrantes” de cada una, pero que, sin embargo, “este procedimiento lo resolvió el directorio y lo ha puesto en marcha con una sola resolución”.
Dijo que la medida tomada por su bancada “debería suspender el proceso” porque es “un recurso de revocación ante la propia autoridad que tomó la resolución”.
“Se plantea esta objeción y se le solicita que reconsidere en base a los argumentos expuestos”, sostuvo, y dijo que “correspondería” la suspensión automática, aunque queda a consideración del directorio de Ancap. “Deberá pronunciarse y, para nosotros, hacer lugar, en base a los argumentos expuestos —que están planteando una violación de la Constitución de la República— y remitir este proyecto, esta idea de asociación, a consideración del Parlamento nacional”, expuso Nunes.
“Si no fuera así, tenemos que examinar los próximos pasos a dar porque sería un precedente muy negativo que se estuviera avanzando en la privatización, en la enajenación de algo que es patrimonio de todas las uruguayas y los uruguayos, por la vía de una resolución administrativa del directorio desconociendo las normas constitucionales”, manifestó.