El senador del Partido Nacional Jorge Gandini presentó el lunes la denuncia ante la vicepresidenta Beatriz Argimón para iniciar una comisión preinvestigadora que determinará si se cumplen los requisitos para iniciar una comisión investigadora en el seno de la Cámara de Senadores contra su homólogo del Frente Amplio (FA) Charles Carrera por la atención que dio cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior a Víctor Hernández, víctima de un disparo durante una fiesta de policías.

Luego de presentado el escrito, el senador dio una rueda de prensa y acusó a Carrera de haber cometido “delitos de fraude, abuso de funciones, revelación de secretos y encubrimiento”. “Sería una falta de respeto a la institucionalidad. Es una comisión legalmente constituida. El cuerpo lo invita, pero puede ser que no vaya”, conjeturó Gandini sobre la comparecencia de Carrera a dicha comisión.

“Cuesta creer que vaya solo, pero quizás no tiene a nadie que lo defienda y del Frente no viene nadie”, agregó. Gandini señaló que el FA “tendrá que asumir las cargas” y que, “analizando esta denuncia y los documentos que hay, el Frente Amplio debería comparecer”.

Montevideo Portal logró acceder a la denuncia presentada por Gandini, que consta de 23 páginas y tiene varios segmentos, por ejemplo, los hechos que motivan la solicitud de comisión. En primer lugar, menciona que el caso de Hernández está próximo a la prescripción, dado que el próximo viernes se cumplen 10 años de lo ocurrido.

Cumplido ese plazo, prescribiría el delito, según lo establecido en el Código del Proceso Penal, aunque destacó que, transcurrido estos 10 años, la Justicia “no arribó a ninguna conclusión sobre eventuales responsables del disparo, ni siquiera respecto al lugar desde donde partió la bala”.

“Se pudo determinar solo algunas de las personas que estaban en la fiesta de cumpleaños del entonces subcomisario Marcos Martínez, en la vivienda ubicada frente a la del Sr. Víctor Hernández. Se constató la omisión de asistencia y surgiría de la investigación que no se protegió la escena del crimen, por lo que no se habrían ubicado los casquillos de las balas disparadas (habrían sido varias las detonaciones escuchadas)”, señala la denuncia de Gandini.

Sin embargo, destaca, a pesar del “convencimiento” de Gandini sobre de dónde partió la bala (casa del policía), “nunca se dispuso ninguna sanción al jerarca policial”, salvo una de 60 días por omisión de asistencia, lo que “confirmaría que luego del disparo se apagaron las luces y música, ingresaron a la casa y se cerraron puertas y ventanas”.

Otra investigación que recoge Gandini es una que culminó con una multa de 10 días para el efectivo policial. Esto se originó por la desaparición de un rifle calibre 22 unas semanas antes (mismo calibre que impactó en el cuerpo de Hernández) de la Comisaría de La Paloma mientras el comisario ejercía sus funciones en esa dependencia.

“El arma desapareció, no se dio cuenta de ello, y nunca fue recuperada. Coincidencia también sospechosa”, señala.

Más allá de que la Justicia ya investigó y no arribó a ninguna conclusión, el senador destaca que el Parlamento “no está impedido de continuar investigando”, no solo por ser “justo” con la víctima, sino que, fundamentalmente, porque las respuestas a las preguntas (quiénes estaban ahí, quién disparó y qué pasó en la casa) podrían permitir “comprender las decisiones” de Carrera.

Por otra parte, el senador nacionalista expone como otro de sus argumentos el marco jurídico sobre los beneficiarios del Hospital Policial, y en base a eso sostiene que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, en la Dirección nacional de Sanidad Policial “solo pueden recibir atención médica los funcionarios policiales y sus familiares, no existiendo ninguna previsión legal que habilite a un civil ser atendido o internado en dicho centro de salud”. Agregan que, por consiguiente, el ingreso tanto de Hernández como el de su hermano es “contrario al derecho, ilegítimo e ilegal”.

En el tratamiento, Gandini denuncia que la víctima del disparo recibió “gratuitamente diversas consultas, medicamentos, asistencia médica y enfermería”, así como alimentación, servicio de hotelería y dos intervenciones quirúrgicas oftalmológicas, “totalmente ajenas” a la lesión acaecida en el departamento de Rocha.

“La víctima, como civil, pudo haber sido atendido por ASSE y el Mides. Sin embargo, nada de ello ocurrió, salvo la intervención primaria recibida en el Hospital de Clínicas, del que fuere dado de alta en julio del año 2013”, reza el texto.

En base a medios de prensa, el integrante de la Cámara Alta destaca la utilización de vehículos oficiales en los que era trasladado Hernández desde el Policial hasta La Paloma, para pasar con sus afectos las fiestas de fin de año, así como el traslado en una ambulancia del hospital hacia Rocha.

Finalmente, Gandini informó los hechos anteriormente descritos y mencionados, además de “constituir presuntos hechos con apariencia delictiva”, violentan normativas que rigen a los involucrados en la función pública. Para el senador puede haber fraude, abuso de funciones, revelación de secretos y encubrimiento.

Con respecto a la normativa anticorrupción, Gandini dice que las conductas se “enmarcarían en la figura de corrupción” descrita en el artículo 3 de la denominada “ley cristal n° 17.060”, que la define como el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño para el Estado.