Fondo de Solidaridad ganó demanda a exgerente que reclamaba millones de pesos por despido

En noviembre de 2022, el exgerente del Fondo de Solidaridad Enrique Miranda demandó a ese organismo luego de que lo cesaran en abril de ese año. En su demanda, Miranda planteó que hubo “acciones agraviantes” hacia su persona y por eso reclamaba una “indemnización por despido y daño de moral” de $ 5,6 millones: $ 2,8 millones por concepto de despido y $ 2,8 millones por daño moral.

“Ingresé a trabajar el 3 de enero de 2009, desempeñándome como gerente general, egresando por despido el 30 de abril de 2022 sin que se me abonara la correspondiente indemnización. Al momento de mi egreso, percibía una remuneración mensual nominal de $ 378.238. Durante el último período de mi relación laboral, se concretó un accionar agraviante hacia mi dignidad y profesionalidad, causándome un claro daño moral”, indicó Miranda en la demanda. 

La presidenta del Fondo de Solidaridad, la contadora Rosario Cerviño, trabajó con Miranda en 2012 en la misma institución y fue cesada por el exjerarca cuando este ya se desempeñaba como gerente general. 

Según argumentó Miranda, los hechos sucedidos en 2012 generaron una disputa con Cerviño al punto de que luego, cuando llegó al despacho de presidenta del Fondo, llevó adelante “un revanchismo personal indisimulado”.

Para entender los hechos hay que remontarse a 2017, cuando Miranda selló un acuerdo con el Fondo de Solidaridad que implicaba una rebaja de su salario a raíz de “un proceso de reorganización administrativa”. Esto implicó que pasara a cobrar por el mismo cargo $ 265.000, algo así como $ 110.000 menos. 

En el acuerdo se pactó entre las partes “culminar la vinculación laboral sin que ello genere responsabilidad ni derecho a cobro en concepto de indemnización de especie alguna”. A la vez, se acordó un nuevo contrato “a término por un plazo de cinco años a partir del 1° de mayo de 2017”. 

El documento agrega que, pasados los cinco años, “la relación laboral se extinguirá sin comunicación y sin derecho de indemnización de ningún tipo de favor” de Miranda. El exjerarca también había “renunciado” a realizar “cualquier reclamo o indemnización que se pudiera generar del vínculo laboral extinguido en 2017”. 

En febrero de 2022, la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad decidió cesar a Miranda. “Comunicamos que la Comisión, reunida en la sesión ordinaria del día 25 de febrero de 2022, consideró el acuerdo voluntario firmado en marzo de 2017, resolviendo que en virtud de lo pactado a partir del 30/04/2022 finalizara la relación laboral con Miranda”, indica la resolución. 

Fallo en contra 

La Justicia desestimó la demanda de Miranda en dos ocasiones, dado que tras la primera sentencia, la defensa del exgerente general apeló y un tribunal volvió a ratificar el archivo. 

Los abogados que asumieron la defensa del Fondo de Solidaridad, Alberto Baroffio y Jazmín Schmittner, del estudio Ferrere, aseguraron que Miranda intentó “engañar” al omitir “información relevante” e “inventó una absurda historia de persecución”. 

“La falta de argumentos en su reclamo queda en evidencia desde el mismo momento en que, intencionadamente, omitió contar que mantuvo un proceso de negociación con el Fondo de Solidaridad antes de celebrar el acuerdo laboral en marzo de 2017. Optó por omitir toda referencia al acuerdo laboral porque es consciente de que el conocimiento por parte de la sede sobre la existencia del proceso de negociación determinará que se desista su reclamo por diferencia de salarios e indemnización de despido”, indica el documento al que tuvo acceso Montevideo Portal. 

En cuanto al daño moral que reclamaba Miranda, los defensores aseguraron que “jamás fue perseguido ni hostigado, así como tampoco desplazado de su cargo, ni lo vaciaron de sus tareas, tal como afirma”. 

El acuerdo entre Miranda y el Fondo en 2017 se dio a raíz de la polémica que causó que el exgerente cobrara casi lo mismo que un ministro de Estado. Fue así que en 2015 el presidente del Fondo en ese entonces, Marcos Supervielle, pidió a las autoridades de gobierno que se ajustaran los salarios de la institución. 

Sin embargo, las negociaciones con Miranda para lograr la rebaja salarial comenzaron en 2016 y no se acordaron hasta la firma del acuerdo mencionado. “Ambas partes valoraron positivamente mantener el vínculo laboral. Entre otras cosas, el actor priorizó seguir trabajando en la institución, porque creía que no le era conveniente estar desempleado en esa etapa de su vida, a poco más de cinco años de cumplir la edad jubilatoria”, indica la contestación de los abogados del estudio Ferrere. 

Los defensores argumentaron que, pese a la rebaja salarial, Miranda había obtenido con el acuerdo la estabilidad laboral por cinco años que buscaba para jubilarse y durante ese tiempo seguiría percibiendo un salario elevado superior a los US$ 9.500. 

En la comisión

Los abogados Baroffio y Schmittner adjuntaron en la contestación un audio de 2017 en el que Miranda asistió a la comisión del Fondo de Solidaridad y habló del tema. A continuación, la transcripción completa de lo que aparece en el documento: 

“Yo dependo del salario, es un salario importante. Yo voy a cumplir 55 años, no estoy para arriesgar en un mercado laboral a mi edad, prácticamente muy poco probable, y lo que busco es estabilidad, estabilidad laboral que me acerque a mi jubilación. Por eso el plazo, por eso los cinco años. También hemos consultado a la práctica laboral si esto se da, y así lo hemos testificado que en estos cargos se da justamente en determinadas circunstancias este tipo de contratos a término de largo plazo. Y bueno, es eso lo que quería transmitir y un poco la secuencia resumida de todo lo que llevó un buen tiempo”. 

Para los defensores, algo que luego corroboraría la Justicia, el reclamo de Miranda no tenía asidero en la realidad no solo por haber firmado un contrato que le sacaba posibilidad de indemnizaciones, sino porque el exjerarca ya había obtenido “claros beneficios”. 

“A través del acuerdo laboral entre las partes, el actor obtuvo una estabilidad laboral que hasta ese momento no tenía. Dicha estabilidad laboral le permitía asegurarse cinco años de trabajo hasta poder jubilarse”, indicaron los defensores. 

No hubo persecución 

Otro de los aspectos que la Justicia desestimó en la demanda fue la persecución y hostigamiento acusados por Miranda hacia Cerviño. Los abogados pudieron comprobar que, hasta el momento del cese, el exgerente ejerció su cargo dentro de los límites establecidos por ley y no fue víctima de ninguna afectación. 

Se adjuntaron correos electrónicos entre Cerviño y Miranda que demostraron que no había ningún tipo de rareza en la relación laboral, sino que, por el contrario, el trato era cordial. 

Además, en esos mails se demuestra que Miranda tenía capacidad de resolución y coordinación con otros actores del Fondo sin que Cerviño se interpusiera. 

Sobre la acusación que hizo el exgerente de un mal clima laboral, los defensores agregaron un correo de noviembre de 2021, en el que Miranda le dijo a Cerviño que debían intentar “dejar de lado la tirantez y tener una relación más amigable” por la “salud y también por el clima laboral”. 

“Ninguna persona que efectivamente fuera hostigada y perseguida, así como disminuida en su dignidad y profesionalidad, se dirigiría así de la forma en que lo hizo Miranda con su supuesta acosadora, proponiendo tener una relación laboral más afable y afectuosa”, indicaron los defensores Baroffio y Schmittner.