Renunció a su cargo Natalia Castellini, secretaria del intendente de Florida, Guillermo López, a raíz de las múltiples compras directas de la comuna a una empresa de la familia de la exfuncionaria, según informaron FM Florida y El Observador, y confirmaron fuentes a Montevideo Portal.

“En virtud de los hechos de público conocimiento, en los cuales se ha cuestionado mi honorabilidad y la de mi familia, además de intentar empañar la gestión que usted viene llevando adelante exitosamente, es que vengo a presentarle mi renuncia indeclinable al cargo que se me confió”, reza la carta escrita por Castellini al intendente, a la que accedió Montevideo Portal.

“Con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley y buenas prácticas de gestión, y para evitar generar un hecho político mezquino para nuestros adversarios, dejaré este puesto con pesar pero con el orgullo de haber formado parte de este equipo. Augurándole lo mejor a usted y la gestión, lo saludo atentamente”, culmina la misiva fechada este viernes 14 de julio.

La intendencia realizó varias compras a la empresa Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito, perteneciente al hijo y al exesposo de la funcionaria. Estos vínculos comerciales fueron observados por el Tribunal de Cuentas debido a que superaban el monto que se permite a los organismos públicos a la hora de hacer compras directas. Además, según indicó El Observador, el servicio que proporciona la empresa a la comuna se llevó a cabo de forma mensual, a pesar de no haber sido contratada por medio de licitación.

Las contrataciones iniciaron en 2020, según figura en el sitio de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE); en julio de ese año se realizó el alquiler de una retroexcavadora para recolectar residuos domiciliarios por 199.348 pesos uruguayos.

Hasta octubre de 2020 se siguió pagando a la empresa por el mismo servicio montos mensuales de entre $ 150.000 y $ 200.000 por cada alquiler de la máquina. El año siguiente, la comuna encabezada por López alquiló la retroexcavadora, en todos los casos por compra directa, durante cada mes de 2021, esta vez, por montos que oscilaron entre $ 200.000 y $ 300.000. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo informó que el monto total abonado a la empresa de la familia de la funcionaria fue de 70.000 dólares, consignó El Observador.