El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó una denuncia este lunes ante Fiscalía solicitando que se investiguen las causas de la muerte de una reclusa de 30 años de la Unidad N.º 5 (cárcel femenina), según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

La mujer fue encontrada muerta el pasado viernes por una compañera. Según consignó La Diaria, la fallecida había tenido una consulta médica el miércoles a la noche en el centro de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) —ubicado en el edificio—, y luego de cenar, se fue a dormir. El jueves durmió todo el día, por lo que las otras internas pensaron que era a raíz del tratamiento. El viernes, sin embargo, no volvió a despertar.

Consultado por Montevideo Portal acerca del procedimiento médico, Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, dijo que no podía brindar información ya que hay una investigación administrativa “urgente” en curso desde ASSE central.

El programa socioeducativo y de salud en cárceles Nada Crece a la Sombra comunicó que la fallecida, que estaba en el sector de prisión preventiva, “no presentaba signos de violencia y sus compañeras avisaron que no podían despertarla”.

Tras constatarse el fallecimiento, internas de la cárcel se manifestaron en la tarde del viernes con una quema de colchones, ropa y mobiliario. Tal como informamos, el destacamento de Bomberos de Belvedere debió intervenir en el lugar.

Denuncia

Petit se presentó en la unidad luego de enterarse de la muerte y estuvo allí durante los incidentes recorriendo el establecimiento. En el lugar dialogó de forma individual y grupal con las internas, con la dirección de la cárcel y con sus funcionarios.

Los pedidos de las mujeres privadas de libertad fueron coincidentes: atención más rápida y completa, asistencia psicológica, orientación y asistencia para casos de adicciones, mayor atención y seguimiento de salud mental, tratamiento odontológico, mejor coordinación con los servicios externos, ya que hay demora en la realización de exámenes o intervenciones necesarias en hospitales.

Durante una conferencia de prensa, el comisionado informó sobre la elevación de una denuncia a efectos de que se indaguen las causas de la muerte.

“Creemos que los planteos que surgieron el viernes deben ser escuchados, deben ser atendidos, y que el diálogo institucional es fundamental. Lo han planteado las Naciones Unidas, está en nuestra legislación vigente, está a estudio de las autoridades el desarrollo de una estrategia de reforma penitenciaria para actualizar nuestro modelo penitenciario: atención en salud mental, atención de las adicciones, atención de la primera infancia, que no es del siglo XXI, es de siempre y es el origen de todos los problemas”, manifestó.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de un sistema nuevo integrador y que pueda cortar los circuitos de violencia “que tanto mal le hacen a toda la sociedad”.

Consultado sobre la presentación de la denuncia, Petit dijo a Montevideo Portal que es una notificación que se da a Fiscalía de que hay un hecho irregular. “La investigación se activa en el área administrativa cuando pasa un hecho irregular. Acá hay dos áreas administrativas: el Instituto de Rehabilitación y ASSE”, puntualizó.

Y agregó: “Nosotros no tenemos poder investigativo, yo no puedo citar gente a declarar, yo puedo hacer recomendaciones generales y Fiscalía indaga si hubo alguna ilicitud en algún área de donde ocurrió el hecho”.

"Decaecimiento institucional"

Según un comunicado del comisionado parlamentario penitenciario al que accedió Montevideo Portal, la interna fallecida estaba alojada en el tercer piso del establecimiento, con capacidad de 390 cupos, que alberga a unas 634 mujeres.

“La unidad está totalmente desbordada, lo que impide una correcta asistencia y una convivencia sana”, señala el escrito y agrega que el edificio está en “pésimas condiciones materiales”, por lo que requiere un “reciclaje total”.

A su vez, indica que la estructura edilicia es inadecuada para un centro de privación de libertad: “Tiene cuatro pisos con múltiples compartimentos que segmentan las actividades y tienen difícil acceso a los espacios médicos, sociales y educativos comunes. Son crónicos los problemas de energía, agua, mantenimiento y salubridad”.

Además, advierte por falta de funcionarios y escasez de personal técnico. Se estipula que, pese a la proactividad y actitud de diálogo que tiene la actual dirección, se percibe un clima de “decaecimiento institucional” que lleva a la naturalización de situaciones que requieren atención específica urgente.

En el documento se informa el envío de una nota preliminar al Instituto de Rehabilitación (INR) y a ASSE con recomendaciones que, se considera, deben ser estudiadas “muy seriamente”. También se está elaborando un informe especial para presentar a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, al INR, a ASSE y al Consejo de Política Criminal sobre la gestión de la prisión femenina en Uruguay en general y en la Unidad N.º 5 en particular.

Según se apunta, la legislación penal de las últimas décadas y años ha tenido prioridad en lo punitivo y eso ha determinado que muchos delitos menores, que conllevan pocos meses de pena de cárcel, terminen “congestionando” las cárceles y “dificultando” la eficiencia del sistema.

“La sobrepoblación carcelaria hace que el sistema no sea financiable y por ende lo condena a tener una muy pobre intervención técnica, lo que hace imposible filtrar la violencia y evitar la reincidencia”, dice el texto.

Masculinización de las cárceles

En cuanto a la diferenciación entre delitos femeninos y masculinos, indica: “El delito femenino es muy diferente al de los varones. Además, la privación de libertad de las mujeres implica necesidades de atención también diferentes. El delito femenino refiere en la amplia mayoría de casos a situación de extrema pobreza, lucha por la sobrevivencia, crianza de los hijos y situaciones de explotación, manipulación, dominio o trata por parte de terceros”.

De acuerdo con el escrito, a excepción de la “muy buena” experiencia de la Cárcel de Mujeres de la calle Cabildo, el sistema penitenciario aplica a las mujeres un modelo de atención masculino, con pocas especificidades para la población femenina y en algunos casos hasta con la limitación de que las cárceles de mujeres estén dentro de prisiones masculinas.

A modo de salvedad, se destaca la “muy buena” práctica que realiza el Departamento de Género y Diversidad del INR, creado en 2016 y el Programa de Atención a Madres con Hijos, creado en 2018.

A su vez, el comunicado hace hincapié en la necesidad de avanzar en la implementación de un nuevo diseño del modelo de rehabilitación y asistencia social para mujeres que cometieron delitos para no imitar el modelo masculino que tiene a un 92 % de la población reclusa.

En tanto, se recomienda a ASSE ampliar y profundizar su cobertura en salud integral en cárceles, lo que requiere planes, presupuesto y recursos humanos calificados.