La fiscal Silvia Porteiro de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno archivó la causa contra el exministro Luis Alberto Heber por “irregularidades” en el acuerdo de concesión de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie, firmado en febrero de 2021.
La denuncia penal había sido realizada en setiembre de ese mismo año por los senadores frenteamplistas Enrique Rubio, Charles Carrera y Mario Bergara, quienes consideraron que se trataba de un acuerdo violatorio de la ley y monopólico.
La resolución, a la que accedió Montevideo Portal, fechada al martes 14 de noviembre, dice que “luego de un meditado análisis de todas las evidencias integradas a la investigación, se dispone el archivo de las actuaciones”, y argumenta que esto se debe a que, “en lo sustancial, se comparten las conclusiones extensamente expuestas por el fiscal preopinante”.
En el escrito también se establece que, “sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables, estas no resultan suficientes para la tipificación del injusto que se pretende imponer”.
El archivo actual también incluye la misma denuncia contra el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola; el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.
En noviembre de 2022, el fiscal especializado en Delitos Complejos de 3er Turno, Gilberto Rodríguez, había resuelto el archivo de esta causa.
Luego del pedido de los denunciantes, en febrero de este año, la jueza penal del 42º Turno resolvió el reexamen de la causa con otro magistrado. En mayo de este año, la nueva fiscalía resolvió efectivamente desarchivar la causa, que ahora pasa a archivarse nuevamente.
A continuación, se detalla que de la indagatoria se desprende que “existía una política gubernamental implementada a través del Poder Ejecutivo para adecuar la situación de la operativa del puerto de Montevideo”.
Esta política, de acuerdo con lo que escribe Fiscalía, tuvo lugar “para ajustar al marco legal lo que sus autoridades entendieron que se venía haciendo equivocadamente por la administración anterior”.
Este ajuste permitió la concesión otorgada a Katoen Natie, así como también le dio el permiso de espacios de almacenamiento y depósito de contenedores en los muelles públicos a Montecon SA, explica el documento.
“Esta plataforma fáctica y las decisiones adoptadas para su reorganización pueden ser valoradas tanto desde el punto de vista de su acierto, mérito o conveniencia, en tanto las acciones llevadas a cabo por los denunciados podrán, eventualmente, ser pasibles de generar responsabilidad en el plano civil, administrativo, o dar lugar a responsabilidad política; pero a nuestro juicio no corresponde el reproche penal pretendido”, expresa.
Pese a que en esta reapertura hubo un añadido de evidencia, la letrada entiende que “la plataforma fáctica resulta penalmente atípica” y que “las conductas de los denunciados no tienen relevancia”.
Por último, la representante del Ministerio Público afirma que la actuación fue presentada con firma electrónica ajustada a la ley y que “los elementos indiciarios reunidos en la indagatoria, en general, no reúnen el estatus de evidencia requerido para formular una imputación con miras al eventual juicio oral”. “Por lo que no avizorándose que pudiera incorporarse nuevo o nuevos elementos significativos, se confirma el archivo sin perjuicio de las actuaciones”, culmina.