La Fiscalía de Flagrancia de 12º turno, a cargo de la fiscal Sabrina Flores, sobreseyó a dos cónsules que trabajaban en la embajada uruguaya en Moscú que habían sido imputados por su presunta participación en la emisión de pasaportes falsos.

Según se informó el pasado martes, se desechó la participación en la maniobra, entre otros motivos, porque “ambos funcionarios no hablaban el idioma ruso y que quien sí lo hacía era la oficial de la Cancillería, quien oficiaba de traductora” y “de las pericias a los celulares no surgen elementos probatorios que permitan responsabilizarlos de los hechos investigados”.

Uno de ellos, Stefano di Conza, fue imputado el 27 de noviembre de 2022 por “la presunta comisión de 14 delitos de fraude en régimen de reiteración real entre sí, en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de Estado Civil en régimen de reiteración real”. Gustavo Piegas, el otro exfuncionario, fue imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de suposición de estado civil.

“Se logró determinar que en varias oportunidades en que se gestionaron pasaportes con documentación apócrifa y con los usuarios de los cónsules, los mismos no se encontraban en el país, o bien se encontraban de licencia. Otra documentación surge que también es apócrifa y que las firmas de los cónsules son falsificadas (un total de 70 constancias consulares)”, informó la Fiscalía.

El dictamen de la fiscal Flores concluyó que los elementos incorporados “no alcanzaron para vincular a los imputados en términos de autoría” con los hechos descritos y que “tampoco existen diligencias para realizar que permitan avanzar en dicho sentido”.

Ambos diplomáticos uruguayos, que desempeñaron funciones en la capital rusa, fueron imputados por Gabriela Fossati, fiscal que en ese momento investigaba el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, por entender que formaban parte del grupo que se dedicaba a falsificar pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos.

En su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una investigación administrativa por el caso Astesiano, en la que se detectaron “posibles irregularidades administrativas” y se recomendó iniciar sumarios para los funcionarios involucrados en la expedición de los documentos falsificados.