La Justicia de Familia y la Fiscalía General de la Nación investigan un caso de presunto abuso sexual en el Jardín y Extensión Escolar de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) por parte de un auxiliar de servicio contra una niña de dos años. En concreto, el hecho ocurrió en noviembre y fueron los padres de la niña quienes denunciaron la situación porque, en su casa, la niña contó este supuesto hecho.
El secretario general de AEBU, Fernando Gambero, dijo a Montevideo Portal que el funcionario tiene como tarea limpiar y que “no tiene contacto con los niños” más que “hacerle la pierna” al docente para entrarlos en caso de que alguno de los padres esté apurado o mal estacionado.
El dirigente explicó que, una vez que la dirección del centro recibió la denuncia, le comunicó al sindicato la situación y estos definieron, en primer lugar, sacarlo de inmediato de sus funciones (actualmente está de licencia anual reglamentaria). Concomitantemente con esto, se notificó a la Inspección de la Dirección General de primaria, que es la autoridad competente a pesar de que sea un jardín privado, y estos le dieron una “hoja de ruta” para saber cómo accionar al futuro.
“En esa hoja de ruta se prevé que también puedas respaldar contratando un asesoramiento externo, que fue lo que se hizo. Se contrató una psicóloga y una psiquiatra que están haciendo una doble función externa: la de asesorar en la situación, pero también ayudar a la dirección en las reuniones con todos los padres del jardín, que son más de 400 niños. Eso fue lo que se recorrió en el mes”, contó.
Consultado sobre por qué no formaron parte de la denuncia que hizo la familia ante el Juzgado de Familia de 17° Turno, el secretario general explicó que, en primer lugar, “entienden la posición de los allegados a la pequeña”, pero que la “ley marca de que tenés que hacer una denuncia con hechos o elementos que hagan verosímil la situación”.
“Nosotros, por la razón de que el trabajador no tiene interacción con los niños, no encontramos elementos verosímiles y por eso dijimos que no acompañábamos la denuncia, pero inmediatamente que nos enteramos en qué juzgado estaba, porque hay medidas cautelares sobre el funcionario y sobre la directora, se le está comunicando a la Fiscalía y al juzgado que, aunque AEBU no haya sido denunciante, está a disposición, indicando todos los pasos que fuimos dando que relaté. Con eso y a cuenta de lo que disponga el juzgado, nosotros estamos a la orden”, indicó.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Montevideo Portal que el fiscal de Delitos Sexuales de 8° Turno, Maximiliano Sosa, recibió por parte del Juzgado de Familia un testimonio del hecho semanas atrás y que se encuentra investigándolo.
En este sentido, desde Fiscalía señalaron que ya se hicieron una serie de diligencias, pero estas son de carácter reservado dado que están en plena investigación.
La denuncia
El diario El País consigna la denuncia ante el Juzgado de Familia en la que se expresa que la conducta de la niña a la hora de ir al jardín era normal hasta el 14 de noviembre, día en que se aferró a las piernas de los padres, algo que consideraron “atípico” en la niña. Según dicen, hasta ese entonces el funcionario era un “referente afectuoso” y que entraba de su mano; sin embargo, a partir de ese día, la niña comenzó a rechazarlo y después ocurrió lo mismo con otras funcionarias de la guardería.
El matutino informa que el 14 de noviembre, mientras la mamá le cambiaba los pañales a la menor, esta le contó lo que ocurría. Al otro día la llevaron a la psicóloga y esta le manifestó la gravedad del hecho y les recomendó que realizaran un control pediátrico de urgencia.
En ese control pediátrico, que se realizó en el Hospital Americano, la médica la revisó y estableció que había “sospecha de abuso sexual” y que el “grado de certeza era presuntivo”. El hecho de no ponerse de acuerdo en dos reuniones con las autoridades de AEBU los llevó a contactar a dos abogadas, quienes presentaron una denuncia penal luego de conocer el hecho ante el Juzgado de Familia de 7° Turno.
Las medidas cautelares contra el funcionario (prohibición de acercamiento del denunciado) estaban vigentes hasta que la Fiscalía comenzara a investigar.