Fiscalía destaca baja “histórica” de cantidad de personas en la cárcel sin condena

La Fiscalía General de la Nación (FGN) divulgó este miércoles un informe sobre el funcionamiento del Ministerio Público, a cinco años desde que comenzó a implementar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). El trabajo analizó el periodo que va desde noviembre de 2017 a diciembre de 2022.

En particular, el informe abordó los cambios ocurridos en el “sistema de priorización de denuncias, la eficacia en la persecución penal de los delitos, la eficiencia medida en términos de duración de los procesos penales y su impacto en el sistema carcelario”.

En esta línea, se destaca que “la implantación del nuevo proceso acusatorio, adversarial, oral y público fue un cambio muy relevante en el sistema penal uruguayo”, acompañado por cambios “organizacionales y de gestión profundos” en Fiscalía, como la informatización y una mejora en la coordinación con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.

Con relación a la priorización de denuncias, el trabajo apunta que, hasta principios de 2020, se registraban un promedio mensual de 26.140 denuncias, pero a partir de abril de ese año “se registra una disminución de la cantidad”.

“Dicha disminución tuvo en su primer momento como una de sus posibles causas la emergencia sanitaria. Sin embargo, más allá de algún aumento puntual, se verifica que la cantidad de denuncias registradas en el SGSP (Sistema de Gestión de Seguridad Pública) nunca volvió a niveles prepandemia, ubicándose en el entorno de las 24.000 denuncias mensuales. Por lo que se registran en el entorno de las 2.000 denuncias menos todos los meses que las registradas en el período prepandemia”, señala el documento.

Fiscalía destaca que, con el nuevo Código, todas las denuncias son recibidas “de forma automática” por Fiscalía, mientras que en 2016 se comunicó a los juzgados el 39% de las denuncias.

Se destaca en este orden la actuación del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA), que clasifica las denuncias según su gravedad y prioridad con el objetivo de optimizar la respuesta a los hechos delictivos.

“Durante 2016, los juzgados fueron informados por la Policía de 7.637 denuncias por mes. Mientras que entre enero de 2018 y diciembre de 2022 se analizó, a través de las Fiscalías, del DPA y de los índices de priorización de las denuncias de Violencia Doméstica y Hurtos, un promedio mensual de 12.498 denuncias. Esto representa un volumen 63% mayor de denuncias con análisis primario que el realizado durante el año 2016. Se destaca además que, para realizar ese análisis, los fiscales o profesionales de FGN cuentan con el parte policial completo, incluidos anexos multimedia, recibidos en soporte digital”, se consigna.

En este orden, el trabajo destaca: calidad superior en la información de cada denuncia, disminución en la probabilidad de errores o arbitrariedades (más funcionarios participan del proceso) y un aumento en la respuesta de que se brinda tras las denuncias.

Eficacia y eficiencia del sistema penal

Con respecto a la eficacia del sistema penal después del cambio, el informe compara “la productividad” antes y después de la implementación del CPP.

“El año de mayor productividad del sistema inquisitivo antes de la reforma del sistema penal fue el 2017. Entre enero y octubre de 2017 se alcanzaron 1.057 procesamientos promedio por mes. Luego de implementada la reforma, entre febrero y diciembre de 2019, se obtuvieron 1.459 imputaciones a personas, promedio por mes. Esto supone que en 2019 se lograron 38% más imputaciones cada mes que durante 2017. A su vez, en el 2020, se registró un promedio mensual de 1.547 imputaciones a personas, identificándose el máximo histórico de imputaciones en setiembre de ese año, con 1.808. Esto implica un incremento del 31% con relación al mismo mes del año anterior”, apunta el documento, que aclara que en 2021 y 2022 se identificó “una leve disminución de las imputaciones”.

En referencia a la eficiencia penal, es decir, cuánto tiempo insume resolver un conflicto penal, el trabajo de Fiscalía se enfoca en la rapidez en que se alcanza el resultado final de las investigaciones, debido a que “procesos penales más breves también significan menores costos en la administración de justicia y permite investigar mayor cantidad de casos”.

Para las causas penales investigadas en el marco del sistema inquisitivo y concluidas durante 2017, el Poder Judicial calculó que estas duraron, en promedio, 570 días en los juzgados del interior del país y 402 días en los juzgados de Montevideo.

En contraste, según el Ministerio Público, con proceso acusatorio, las condenas mediante juicio oral promediaron 217 días, mediante juicio abreviado, 32 días; y si se consideran todas las vías procesales, 36 días.

“Observando la duración de las causas investigadas por el CPP se hace evidente la celeridad que habilitan las vías abreviadas, así como el hecho de que la discusión entre las partes y el juez ocurra en audiencias orales y no mediante intercambios de escritos, como sucedía anteriormente. Esto demuestra que la oralidad del proceso penal, y principalmente el mecanismo del proceso abreviado, permite que las personas sean condenadas muy poco tiempo después de la formalización”, concluye el trabajo.

Sistema carcelario

Finalmente, el documento recuerda que uno de los objetivos centrales de la implementación del CPP era reducir la cantidad de personas privadas de libertad sin condena y el “largo tiempo que se mantenían en esa situación, contrario al principio de presunción de inocencia”.

“En diciembre de 2017, el 69,8% de los adultos privados de libertad permanecían sin condena. En ese momento, Uruguay se encontraba entre el 10% de los países con peor situación en esta dimensión y penúltimo a nivel de América del Sur. Gracias a las audiencias orales y, en particular, al instrumento del proceso abreviado, el CPP permitió una reversión impactante de esa tendencia histórica. Al 7 de noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informa que el porcentaje de adultos privados de libertad con condena es de 91% y sin condena el 9%. De esta manera, Uruguay se coloca, según los datos más recientes disponibles, como el mejor país de América del Sur”, destaca el informe.

Y agrega: “La reversión de este problema histórico fue sorprendentemente rápida. En setiembre de 2018, luego de once meses de aplicación del CPP, la cantidad de adultos penados superó por primera vez la de personas sin condena en las cárceles uruguayas. En 2019, las proporciones se invirtieron, con menos de uno de cada tres privados de libertad sin condena. Situación que avanza año a año, por lo que en la actualidad solamente uno de cada 10 adultos privados de libertad se encuentra sin condena”.

Igualmente, se señala que, aunque con la aplicación del CPP se redujo la utilización de la prisión preventiva, la cantidad de personas en la cárcel aumentó, siendo 14.707 adultos los privados de libertad a noviembre de 2022.

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