La fiscal Mariana Alfaro, a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° turno, desistió de las intervenciones que pidió al Poder Judicial para investigar la difusión en un programa de radio de audios con contenido sexual sin el consentimiento de las partes.
La magistrada había solicitado y el Poder Judicial había dispuesto allanamientos sobre Azul FM y sobre el domicilio del conductor del programa "La Pecera", Ignacio Álvarez, quien presentó al aire audios de una grabación de un hecho que había sido denunciado como violación por una joven de 30 años y que hoy es investigado como “abuso sexual especialmente agravado” por otra fiscal.
“Autorízace en dichos allanamientos la incautación y registro de los bienes referidos por Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de Sexto Turno, en su solicitud. Esto es: dispositivos electrónicos (tales como celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (por ej. pendrives, discos), propiedad o detentados por el Sr. Ignacio ALVAREZ, de uso personal o de uso de la producción del programa ‘La Pecera’, con el fin de constatar el contenido del material audiovisual recibido, difundido, cedido, comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado o con contenido íntimo o sexual sin consentimiento de los involucrados”, decía la orden firmada el 4 de febrero por la jueza letrada Patricia Rodríguez.
Foto: Diego Lafalche/FocoUy
La Policía informó que cumplió con la orden de allanamiento a Azul FM, luego de que el fiscal de Corte, Juan Gómez, lo negara. De todas maneras, el allanamiento sobre el domicilio de Álvarez y la incautación y registro de sus dispositivos electrónicos no se cumplió, ya que el abogado del periodista, Andrés Ojeda, interpuso recursos contra la orden judicial por considerar que su complimiento violentaría otros derechos, como la libertad de prensa o la reserva de la fuente.
“Al contestar los recursos interpuestos, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° turno, desistió de las diligencias requeridas. No reiterará solicitud de allanamiento, de incautación o registro de dispositivos”, informó a la prensa este jueves el director de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, quien agregó que “la finalidad probatoria que se perseguía se frustró y se procurará obtener evidencias, sin diligencias a las que se les pueda atribuir una connotación de riesgo para el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
“La libertad de expresión es un derecho que la Fiscalía busca garantizar, al tiempo que debe investigar, si en este caso, se transgredieron límites que impone al ley, al tutelar otros derechos como la intimidad, el honor, la dignidad de las personas”, manifestó el funcionario de Fiscalía.
Si bien resta el fallo del Tribunal de Apelaciones, la posición de la fiscal deja sin efecto el pedido de intervenciones planteado inicialmente.