Fiscalía de Perú presentó nuevas pruebas contra Ache y pidió información a Uruguay

La Fiscalía de Perú se encamina a fijar audiencia para escuchar la versión de Eduardo Ache, imputado por lavado de activos en su participación en el caso Odebrecht mediante la Banca Privada de Andorra en Uruguay. 

A Ache, quien es asesor económico de Cabildo Abierto, designado por el Gobierno para dirimir controversias en el puerto de Montevideo y representante de la Asociación Uruguaya de Fútbol en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030, se le formalizó una investigación por la causa Lava Jato en Perú y se lo acusa de lavado de activos y blanqueo de capitales. Por estos delitos, el uruguayo podría enfrentar una pena de entre ocho y 15 años de prisión. 

En los últimos días, la Fiscalía peruana presentó nuevos elementos en contra de Ache. Según informó M24 y confirmó Montevideo Portal, junto a otros funcionarios, se “favoreció el lavado de activos a través de la apertura de constitución de sociedades, respaldos ficticios y flexibilización de compliance en favor de terceros vinculados”.

En el dictamen del Ministerio Público peruano en donde se argumenta la imputación, al cual tuvo acceso Montevideo Portal, se señala que Ache “favoreció actos de lavado de activos incurridos por los funcionarios peruanos, quienes recibieron pagos ilícitos [de Odebrecht] en forma de transferencias en cuentas off shore suministradas por BPS Services”. El documento aclara que en estas maniobras participaban otros funcionarios de la Banca Privada de Andorra. 

La Fiscalía de Perú pidió información a Uruguay sobre las cuentas bancarias de Ache y listado de sus bienes, tanto muebles como inmuebles. Entre los pedidos que elaboró, también se enviaron oficios a Interpol de Uruguay, Brasil y España para tener datos de los viajes del ahora imputado entre 2007 y 2014. 

También se pidió asistencia judicial al principado de Andorra, dado que es la sede de la Banca Privada de Andorra. La fiscal Geovana Mori es quien está a cargo de la causa. Ache fue presidenta de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra hasta 2011 y ese mismo año el Banco Central le retiró la licencia para operar después de que la entidad financiera comunicara su liquidación.