La Fiscalía colombiana imputará a seis ciudadanos extranjeros y cuatro colombianos dentro de las investigaciones que realiza por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, informó este martes el ente acusador.
La Fiscalía indicó en un comunicado que la medida afectará a los brasileños Amilton Hideaki Sendai, Manuel Ricardo Cabral Xinemes y Luiz Antonio Bueno Junior; los españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas, al igual que al uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti.
"La actividad investigativa, realizada con apoyo del FBI, puso en evidencia transacciones financieras en la banca internacional, subcontratos y otras maniobras que habrían sido usadas para mover los dineros destinados al pago de dádivas", añadió la información.
Los delitos
En lo referente a la adjudicación del contrato de concesión Ruta del Sol II, ante un juez de control de garantías, serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba, y los brasileños Hideaki Sendai y Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
La concesión vial Ruta del Sol II incluía la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la costa atlántica, entre las localidades de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).
Villalba suscribió varias resoluciones en 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto Ruta del Sol II.
Igualmente, en enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que era parte Odebrecht, y la constructora, para este contrato habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel García.
Españoles imputados
Por otro lado, la Fiscalía imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos Luiz Antonio Bueno Junior y Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia.
También a los ciudadanos españoles Díaz Vecino y Lago Novas, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. -DCS Management-.
"Se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9 % del valor del contrato", detalló la Fiscalía.
La actividad, explicó la Fiscalía, supuestamente no fue ejecutada. Sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, Odebrecht hizo giros por 10,8 millones de dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra.
"El material de prueba indica que 94 % del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora", añadió la Fiscalía.
La Fiscalía también radicará solicitud de imputación contra el uruguayo Sanguinetti, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Sanguinetti, al parecer, como operador habitual de Odebrecht Brasil y en su condición de gestor de la banca privada de Andorra, diseñó el modelo de pago del soborno entregado por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.
Cikurel imputada
La semana pasada, la Justicia de Panamá resolvió el sobreseimiento provisional para la uruguaya Maya Cikurel, quien es la pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
Cikurel fue acusada de un presunto delito de lavado de activos en el marco de Odebrecht. En el documento de la Justicia panameña, firmada por la jueza Baloisa Marquínez, se deja constancia de que no se encontraron pruebas contra Cikurel.
Si bien la Fiscalía quería que la mujer fuera a juicio por blanqueo de capitales, no se pudo demostrar su participación en los hechos. “No consta que recibió, transfirió o encubrió dineros que hayan sido depositados en la República de Panamá”, indica el documento al que accedió Montevideo Portal.
“Maya Cikurel Spiller no figura como última beneficiaria de las cuentas relacionadas con sociedades investigadas, no existe constancia en autos que realizaron transferencias bancarias y no es firmante de las cuentas bancarias de las sociedades a las que se le relaciona, por lo que no se ha demostrado su vinculación a los hechos ilícitos que se le atribuyen”, indica el documento.
Por otro lado, la Justicia sí imputó a los otros dos uruguayos involucrados: Juan Francisco Mutio y Andrés Sanguinetti. Según la sentencia, sí se pudo comprobar que ambos incurrieron en blanqueo de capitales y por eso se dispuso la apertura de la causa penal.
Con información de EFE