La Fiscalía argentina se apresta este lunes a pedir una pena de prisión contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015). Este castigo, de ser confirmado, puede inhabilitarla políticamente.
El fiscal Sergio Mola abrió la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa donde declararon más de un centenar de testigos.
Mola consideró que los acusados “trazaron un plan” que buscaba defraudar al Estado mediante “la discrecionalidad en la utilización de los fondos”.
El juicio, que inició en mayo de 2019, investiga si hubo direccionamiento y sobreprecios en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner.
A lo largo de las audiencias de alegatos, seguidas por los involucrados en forma remota, la fiscalía apuntó contra Fernández como líder de asociación ilícita y la acusó de fraude al Estado, delitos que pueden conllevar una pena de hasta 16 años de cárcel.
El Código Penal establece que quien fuera condenado por estos delitos quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos. Para ello, la condena debe ser refrendada por tribunales superiores.
Luego de cerrada la acusación de la fiscalía, la defensa tiene 10 días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que se estima puede demorar varios meses.
Se espera que el veredicto se conozca antes de fin de año.
La fiscalía acusa a la vicepresidenta de liderar una “asociación ilícita” para defraudar al Estado mediante delitos que comenzaron en la anterior presidencia de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
La Unidad de Información Financiera había considerado “irresponsable avanzar en una acusación” al desestimar los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El domingo, una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Fernández, a quien consideraron “víctima de una persecución judicial”.
También diputados del oficialista Frente de Todos lanzaron un comunicado de respaldo a la presidenta del Senado, al igual que una solicitada publicada este lunes en la prensa bajo la firma de referentes políticos y culturales.
La vicepresidenta de 69 años fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales (2007-2015), pero aún enfrenta cinco procesos.
AFP
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