La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Alejando Machado, decidió archivar la causa que investigaba la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. El Ministerio Público, luego de escuchar a varios funcionarios de Cancillería, decidió que no cabía imputar responsabilidades penales. 

Entre las personas que estuvieron involucradas están la exvicecanciller Carolina Ache y el abogado Alejandro Balbi, quien tramitó el documento desde Uruguay para que le llegara al delincuente. 

Machado entendió que el otorgamiento del pasaporte estuvo amparado en el decreto 129 de 2014, que no impedía a los ciudadanos uruguayos acceder al documento pese a poseer antecedentes penales en otros países. 

El abogado de Pauline Davies —exdirectora general de Consulares y Vinculación de la Cancillería—, Jorge Barrera, dijo a Montevideo Portal que el archivo era el único resultado posible porque no existió ninguna conducta que tuviera repercusión penal. “La Fiscalía no es el ámbito para debatir asuntos políticos, sino conductas que vulneren las normas penales y en este caso hasta el propio interpelante manifestó que eran asuntos políticos y no legales”, agregó el penalista. 

Tras el suceso, el gobierno actual modificó la norma y ahora se solicita una acreditación que certifique que el ciudadano no tiene antecedentes en otros países. Tampoco pueden obtener el pasaporte aquellos que estén presos o tengan pedidos de captura internacionales. 

En una de las instancias en las que declaró, Ache divulgó grabaciones de llamadas con el excanciller Francisco Bustillo y acusó al exasesor presidencial Roberto Lafluf de un presunto delito de destrucción de documento público. Ante esto, Fiscalía abrió otra causa que también es investigada por Machado y aún sigue abierta.