Montevideo Portal
La Fiscalía General de la Nación anunció este martes una serie de traslados y la principal novedad es que no aparece en la nómina la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, quien está a cargo de la investigación sobre el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y era una de las candidatas a ocupar la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno.
La Rendición de Cuentas creó a partir del 1° de febrero de 2023 la Fiscalía de Lavados de Activos, que será ocupada por Enrique Rodríguez, quien hoy está en Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno. El director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, anunció que la titularidad de la fiscalía que ocupa Rodríguez será asumida la semana próxima por el fiscal Alejandro Machado, quien se desempeña en Estupefacientes de Tercer Turno. A esa unidad va Rodrigo Morosoli, quien está hoy en Flagrancia de 13° Turno. Esa fiscalía queda vacante y se cubrirá próximamente.
Antes del anuncio de Benech a la prensa, el fiscal de Corte, Juan Gómez, explicó a Fossati por teléfono las razones por las que, a pesar de haber manejado la posibilidad de que fuera trasladada a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, no se concretará ese traslado.
“Ella tiene una investigación muy importante para la Fiscalía y la sociedad”, dijo Gómez a Montevideo Portal, en referencia a la causa por la que está preso Astesiano. “Además, ya me había manifestado antes que no quería ir a Delitos Económicos. Yo pretendo ser medianamente serio en lo que uno dice y hace. Si me manda un mensaje diciendo que no le interesa, el día 22 de diciembre, y tengo que organizar los servicios de Fiscalía, no puedo quedar de manos cruzadas”, explicó el fiscal de Corte, quien llamó por teléfono este martes a Fossati para anunciarle su decisión.
“Lo que hice, por respeto a cualquier fiscal, es decirle que ella en esta oportunidad no iba a ser trasladada a [la Fiscalía de Delitos] Económicos [y Complejos]. Ahí derivó una larga charla, ella estableciendo sus quejas, a lo que le dije que ella había manifestado públicamente en Búsqueda que no le interesaba ir a Económicos, y a mí personalmente me lo manifestó el 22 de diciembre. Estas cosas no se resuelven por capricho”, planteó Gómez.
Fiscalía y unidad nuevas
Además de los traslados anunciados este martes, el 1° de febrero se creará la Fiscalía de Estupefacientes de Cuarto Turno, que también está prevista por ley. Angelita Romano, que hoy es la fiscal de Flagrancia de 16° Turno, ocupará el cargo. Esa unidad queda vacante momentáneamente, aunque Benech aclaró que, al igual que las demás vacantes, siguen trabajando los equipos en los casos, en alusión al fiscal adjunto y el adscripto de cada unidad.
A su vez, a partir del 1° de enero quedó instalada en Fiscalía la Unidad Especializada en Cibercriminalidad, la que brindará apoyo a los equipos fiscales y coordinará con otras áreas del Estado la respuesta en este tipo de delitos, entre otros cometidos.
La unidad, que fue creada por el artículo 419 de la Ley 20.075 (Rendición de Cuentas), estará a cargo del fiscal Ricardo Lackner, quien se desempeñaba al frente de la Fiscalía de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de Segundo Turno, cargo que ocupará la fiscal Silvia Porteiro, que estaba al frente de una fiscalía de Flagrancia.
Fiscalía informa en su web institucional que en los últimos años Lackner realizó diversos cursos de especialización en esta temática en el exterior y es punto de contacto local de los delitos informáticos para los fiscales del Mercosur. Por su parte, el fiscal subrayó que de esta manera Uruguay da “una señal a la comunidad internacional en la voluntad de cooperar contra la ciberdelincuencia informática” ya que se trata de “la cristalización de todo lo que se ha recomendado a nivel internacional”.
Lackner también destacó el trabajo que realizó una comisión interna de la Fiscalía integrada, además de por él, por Gabriela Aguirre (Cooperación Internacional) e Inés Pérez (Informática) que evaluaron en un informe al Parlamento la pertinencia de la adhesión al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y el proyecto de ley sobre delitos informáticos.
La unidad, que estará integrada además del fiscal por un abogado y un especialista en informática, tiene competencia nacional y sus cometidos son: asesorar a las fiscalías en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por medios informáticos; asesorar a las fiscalías en el aseguramiento, recolección y tratamiento de evidencia digital; articular con el Departamento de Cooperación Internacional para la recolección de evidencia digital en el extranjero; coordinar con los organismos e instituciones involucradas en la recolección de evidencia digital y en materia de ciberseguridad; elaborar manuales, protocolos y guías de buenas prácticas; y analizar nuevas formas de procedimiento y nuevos métodos de investigación criminal.
Al asumir, el fiscal Lackner hizo hincapié en la importancia de articular y coordinar, tanto al interior de la Fiscalía como con otros organismos estatales que trabajan en estos temas. De hecho, señaló que se están llevando adelante reuniones con el Ministerio del Interior y con Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para establecer protocolos de actuación.
“Es la forma que se encontró para administrar escasos recursos; coordinar y articular los esfuerzos del Estado”, razonó. A la interna de Fiscalía, la unidad funcionará de forma similar a como funciona actualmente la Unidad de Litigación, es decir que “no sustituye el trabajo de los equipos fiscales, sino que los apoya”.
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