El fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó este miércoles el inicio de una investigación penal de oficio en el caso de violación de la mujer de 30 años en el barrio Cordón, luego de que se publicaran audios vinculados con el caso, en el programa La Pecera de radio Azul, informaron fuentes de la Fiscalía a Montevideo Portal.
Según dijeron se da la “presunta vulneración del artículo 92 de la ley 19.580, también conocida ley de género. Esta ley, según explicaron, establece la “imposibilidad de divulgar” contenido íntimo de orden sexual, sin el consentimiento de las personas involucradas.
Además, se iniciará esta investigación por la presunta vulneración del artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.
“Esa denuncia pasó a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía para que asigne una Fiscalía competente”, informaron las citadas fuentes.
Esta investigación se suma a la diputada suplente Micaela Melgar, del Frente Amplio, quien anunció que realizará “las denuncias pertinentes” por “la difusión de audios con contenido sexual en un programa radial matutino”.
La legisladora del Partido Comunista advierte que “el 1ro de febrero del 2022, en la radio Azul FM 101.9, en el programa matutino, llamado La Pecera, con la conducción de Ignacio Álvarez, se divulgaron audios que supuestamente fueron grabados el domingo 23 de enero, de madrugada, cuando sucedió un hecho que fue denunciado como violación en grupo y que actualmente se está en proceso judicial”.
“La reproducción de estos audios tuvo como objetivo demostrar una supuesta culpabilidad de la víctima en el caso, presentando la situación como una relación consensuada. Este hecho implica un ejercicio de la violencia mediática, ya que, en primer lugar, se atenta contra la dignidad de la mujer implicada en los audios (sea quien sea ella) y en segundo lugar refuerza y justifica la violencia hacia las mujeres intentando demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación”, expresa Melgar en un comunicado de prensa.
La diputada plantea que “la difusión de grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización es delito”, según la ley 19.580, aprobada en 2017, que legisla sobre violencia hacia las mujeres basada en género.
El inciso “M” del artículo 6 de esta ley, donde se definen las formas de violencia basada en género, establece que la violencia mediática es “toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.