Fiscal archivó causas sobre Cardoso y Katoen Natie porque no halló intención de perjuicio

El fiscal Gilberto Rodríguez brindó este martes una rueda de prensa para explicar las razones por las que archivó en las últimas dos semanas tres causas que estaba investigando: la del acuerdo entre el Gobierno y Katoen Natie para la concesión del puerto de Montevideo, la denuncia de filtración del Plan de Inteligencia y la de presuntas irregularidades durante la gestión del exministro de Turismo Germán Cardoso.

Sobre el contrato con la empresa belga Katoen Natie, el fiscal informó que “se trata de un expediente altamente técnico en el que se denunció un aparente delito de abuso innominado de funciones a cuatro autoridades del Estado”: el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, y el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola. Además, el Frente Amplio denunció la falta de asesoramiento y consulta al directorio por parte del presidente de la ANP para la firma del convenio.

“En una investigación penal no se analizan cuestiones de mérito, conveniencia u oportunidad. Tampoco responsabilidades de carácter político, administrativas o civiles. Ni que tengan que ver con lo contencioso administrativo. Se analizan responsabilidades estrictamente penales que son personales y requieren además el actuar con una intención de causar perjuicio”, argumentó Rodríguez.

En esta línea, el investigador dijo que “la intención de causar perjuicio que requiere el delito de abuso de funciones”, fue descartado.

Rodríguez explicó que para configurar delito se requiere “que haya un acto con abuso de poder de carácter arbitrario y que ese acto tenga una intención predeterminada de causar un perjuicio (a la administración o terceros) o generar un beneficio a particulares”.

“Una cosa es el beneficio económico que se puede tener desde el punto de vista civil con la concesión. Pero lo que se analiza desde Fiscalía son los perjuicios desde el punto de vista penal de carácter antijurídico. El ocultamiento que hace el director de la ANP lo hace en un contexto de confidencialidad. En el ámbito de un acuerdo trasnacional hay una postura de que el sistema de la confidencialidad no solamente es sugerido por razones estratégicas de la negociación, sino que tiene que ver también con un ámbito de actuación que también hacía el gobierno anterior”, justificó Rodríguez, que igualmente aclaró que hay otra posición de la doctrina que sugiere que no se “puede violar la regla general de la transparencia” al llevar adelante este tipo de acuerdos.

Rodríguez subrayó que “en el contexto de un arbitraje internacional, el manejo de la documentación que debe hacerse tiene que tener cierta reserva; debe darse a publicidad en momentos oportunos”.

En este sentido, el fiscal resumió que la “evidencia que recayó sobre aspectos jurídicos fue lo que llevó a Fiscalía a considerar que no había delito”.

Caso Germán Cardoso

Sobre la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo, Rodríguez comentó que había tres carpetas investigativas.

“Una referida a un adscripto y otra a una persona en particular vinculada a una empresa. Esas dos causas siguen en pie. La otra estaba vinculada a la gestión del exministro y determinadas firmas en expedientes administrativos. Lo que hubo en esos expedientes fueron omisiones en el cumplimiento de ciertas reglas del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf), pero son irregularidades administrativas que no necesariamente configuran un delito. Se requiere algo más: el delito requiere una intención”, apuntó Rodríguez.

Y añadió: “El delito de abuso de funciones es altamente complejo. Está muy vinculado con la administración y la gestión política. Es el delito que más involucra los actos de las autoridades públicas y tiene mucha relación con las irregularidades administrativas. El tema es que el delito es más que la irregularidad administrativa. Debe probarse una responsabilidad penal, un dolo o intención de querer causar un perjuicio”.

Filtración de Plan de Inteligencia

Puntualmente sobre el documento filtrado del Plan de Inteligencia que denunció el director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, el fiscal explicó que en ese caso “lo importante era delinear el curso del documento”.

“Había que determinar si el documento que se revela por parte del periodista era el mismo que el entregado a los parlamentarios. Lo que se pudo corroborar es que hay una unidad de identidad entre los documentos, pero no entre los presentados entre sí. A su vez, por un tema de reserva de fuentes, que entiendo no es un derecho de carácter absoluto, tiene que ser medido entre el derecho de la comunicación y el derecho de limitar, las razones para poder investigar el delito no ameritaban que el comunicador fuera investigado”, argumentó Rodríguez, en referencia al derecho que asistía al periodista.  

El fiscal dijo que no se pudo saber si el documento era el mismo, debido a que “no fue posible determinar su trazabilidad”. Ese aspecto fue fundamental para archivar la investigación, ya que no se podía probar que hubo delito.