El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno Alejandro Machado decidió archivar la investigación por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, lo que permitió recuperar la libertad en Dubái.
En las conclusiones finales, Machado consignó que está en condiciones de asegurar que “los ministros de Estado [Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo] así como sus respectivos subsecretarios [Guillermo Maciel y Carolina Ache] faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudanía en oportunidad de celebrarse la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022”, en referencia a la interpelación que tuvo lugar por la otorgación del pasaporte a Marset.
“Puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los representantes ministeriales para ocultarle a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el Subsecretario del Ministerio del Interior [Maciel] y la vicecanciller [Ache], en las cuales se daba cuenta que Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado”, señala el fiscal.
No obstante, aclara Machado, el hecho “reprochable de faltar a la verdad y ocultar información a la Cámara de Senadores escapa al ámbito de competencia del Ministerio Público”.
En esta línea, señala que de las evidencias obtenidas por la Fiscalía sobre actuar de los jerarcas “no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”.
En un detallado informe, de 103 páginas, el investigador reconstruye los hechos y las comunicaciones entre los jerarcas y funcionarios del gobierno para la otorgación del pasaporte a Marset.
Según Machado, hubo actuaciones dentro de la competencia funcional por parte de los funcionarios de Cancillería que gestionaron el pedido del documento.
“Por supuesto que a posteriori, al conocerse que Marset era un narcotraficante peligroso y que a su vez se había dado a la fuga, desde la perspectiva de la ciudadanía resulta razonable que se cuestione la emisión de la mencionada nota, pero dicho cuestionamiento es irrelevante en el ámbito jurídico penal”, afirmó el fiscal.
En línea con lo expresado por el gobierno en su defensa, Machado sostiene que Marset “tenía derecho a la tramitación y expedición de un pasaporte uruguayo”, de acuerdo al decreto 129 de 2014. El narcotraficante no tenía causas abiertas en Uruguay al momento que fue expedido el certificado que le permitió a Marset recuperar la libertad en Emiratos Árabes Unidos.
La efectiva tramitación del pasaporte comenzó el día 18 de noviembre de 2021 y culminó el día 25 de noviembre de 2021 con la impresión de dicho documento y posterior entrega en Cancillería, según señala Machado.
Maciel y Ache
En el escrito presentado por el fiscal para archivar la causa, se reconstruyen además las comunicaciones existentes entre Ache y Maciel por Marcet.
El 3 de noviembre de 2021, el subsecretario de Interior envió el mensaje a la vicecanciller en el que advertía sobre lo peligroso que era el uruguayo preso en Dubái.
“Hola Carolina, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron lo cual sería terrible”, escribió Maciel, mientras que Ache quedó en averiguar.
Sobre la sucesión de consultas y averiguaciones que realizaron los jerarcas y la tramitación del pasaporte, que se efectivizó dos semanas después de el intercambio de mensajes, Machado concluyó que los jerarcas involucrados “no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia”.
“El sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura de la circunstancia, pero no porque no hubiera que entregarle el pasaporte a Marset —pues era un derecho que le asistía— sino porque las comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia”.
“Dada la relevancia del asunto y la jerarquía de los interlocutores era exigible una mayor diligencia y un mayor celo en el tratamiento de la situación”, afirma Machado en el escrito.
Y agrega: “Podemos concluir, sin hesitaciones —dudas—, que los problemas de comunicación formal y oficial fueron evidentes. Dada la relevancia del caso, Maciel debió realizar la consulta por las vías oficiales y no a través de simples mensajes de WhatsApp”.