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El fiscal Luis Pacheco pidió a la Justicia el archivo de la investigación contra la administración anterior por el caso denominado Gas Sayago, según informó El País y confirmó a los medios el responsable de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.
Pacheco consideró que no surgió de sus actuaciones que los funcionarios indagados hayan incurrido en “actos arbitrarios”, y que tampoco buscaban de forma “deliberada” causar perjuicios a la administración pública o a particulares, de acuerdo con la información divulgada por Fiscalía.
El fiscal solicitó para este caso información a Brasil y no pudo obtener elementos que impliquen una persecución penal.
La denuncia fue presentada en 2021 por UTE en el Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno, y tramitada a través del abogado de la empresa, Jorge Barrera. El proceso se inició a partir de presuntas irregularidades registradas por la auditoría realizada en Gas Sayago por la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC), contratada en octubre de 2020 por el ente.
La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo en ese momento que el gasto para el proyecto de la regasificadora fue de 213 millones de dólares en primera instancia.
“De eso hay 113 millones de dólares que UTE y Ancap aportaron de sus fondos, por lo cual entendemos que eso fue de alguna manera dineros públicos y lo que ocasiona como daño patrimonial al Estado en ese sentido”, afirmó.
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