El periodista Eduardo Preve, coordinador de los informativos de Tv Ciudad y antes de Canal 10, fue citado a declarar ante el fiscal Gilberto Rodríguez este martes por la filtración de información que se dio en una comisión bicameral del Parlamento luego de que Álvaro Garcé —director de la Secretaría de Inteligencia del Estado— presentara información confidencial.
El reportero se hará presente este martes a las 13:30 en el edificio ubicado en la calle Cerrito y será representado por el abogado Jorge Díaz, ex fiscal de Corte. El llamado ante el Ministerio Público, según indicó a Montevideo Portal, se dio porque Garcé lo denunció y presentó sus tuits como prueba.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a la filtración del Plan Nacional de Inteligencia Estratégico y la calificó como un “sabotaje” a la seguridad del país. “Se da como un hecho que fue en el Parlamento”, sostuvo el mandatario. “No sé a quién le cabe en la cabeza, sobre todo si esa persona es un dirigente político o gobernante”, consideró Lacalle en rueda de prensa este viernes.
Lacalle se mostró de acuerdo con las palabras del ministro de Defensa, Javier García, quien dijo que la filtración fue una traición al país. “Es un término adecuado el que utilizó el ministro”, indicó el presidente.
En la misma línea que lo anterior, Lacalle explicó que en el Parlamento siempre se dieron sesiones secretas. “Hay gente que prefiere perjudicar al Gobierno y no se da cuenta que perjudica al país”, sostuvo el mandatario.
“Se supone que si alguien se dedica a la política es porque tiene vocación de servicio, y si tiene vocación de servicio es porque quiere al país, que haga un sabotaje de este tipo no me parece”, consideró Lacalle.
Hechos recientes
El choque más cercano en el tiempo entre el periodismo y la Justicia ocurrió cuando Ignacio Álvarez publicó los audios del caso que se está investigando por una denuncia de violación grupal en Cordón. En ese entonces se intentó hacer un allanamiento en la emisora Azul FM, que generó polémica en el país y llevó a que diferentes autoridades hicieran afirmaciones contradictorias.
Por la publicación de esos audios, la fiscal Mariana Alfaro solicitó a la jueza Patricia Rodríguez Barreto “el allanamiento de la Radio Azul y de la casa del periodista”, rememora el informe, además de “la incautación de los dispositivos electrónicos (celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (pendrives y discos duros)”.
Tras las numerosas críticas a la acción de la fiscal y la jueza, bajo argumentos de que se estaba censurando un medio de comunicación y contraviniendo principios constitucionales sobre la libertad de prensa, la justicia dio marcha atrás a las investigaciones y archivó el caso.