En octubre de 2020 se había convocado a una audiencia masiva de la Operación Océano, como se conoce a la investigación que nuclea varios casos de abuso sexual, de retribuciones o promesas de retribuciones a menores por sexo y de explotación.

En aquella ocasión, la jueza Adriana de los Santos decidió postergar la realización de la audiencia. Por un lado, se suspendió por la imposibilidad de trasladar a uno de los imputados debido a los casos de coronavirus en la Brigada de Traslados del Instituto Nacional de Rehabilitación. Por el otro, a que faltaban "diligencias y terminar con pericias".

Ahora, se fijó para el 5 de febrero una nueva audiencia general para la megacausa, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes judiciales.

Según estas fuentes, deben comparecer todos los imputados (que son 33 en total, pero ya hubo acuerdo en un caso). Entre los temas a dirimir se encuentran las medidas cautelares de varios imputados (si se renuevan, por ejemplo) y la libertad eventual del empresario apodado "El paraguayo", el único que está preso.

La realización de esta audiencia en plena emergencia sanitaria (y en peores condiciones que en octubre, en cuanto a los números de casos) podría llevar a una nueva suspensión.

Algunos defensores plantean la imposibilidad de realizar una audiencia con decenas de personas (además de los imputados y sus defensores, hay veinte víctimas) durante varias horas en un lugar cerrado. Según El Observador, se elevará un oficio al MSP para que se analice si están dadas las condiciones sanitarias para cumplir con la sesión.

En diciembre, algunos abogados presentaron una recusación contra un Tribunal de Apelaciones, que ya se había expedido sobre la petición de los profesionales de tener acceso a las redes sociales de una de las víctimas. En aquella ocasión, el abogado Víctor Della Valle explicó a Montevideo Portal que "se pretende tener las garantías que la fiscal nos niega, para estar en igualdad de condiciones a la hora de presentar una defensa".