El fiscal de Corte, Jorge Díaz, renunció a su cargo este martes.
Al profesional le correspondía estar en el cargo hasta abril de 2022, cuando cumpliera diez años al frente de la Fiscalía General de la Nación. Su lugar será ocupado Juan Gomez, quien se desempeñaba como fiscal adjunto de Corte desde febrero de este año.
La gestión del fiscal de Corte había recibido críticas, principalmente del partido Cabildo Abierto, que en el 2020 presentó un pedido de renuncia formal. El senador Raúl Lozano y el diputado Eduardo Lust fueron dos de los dirigentes que criticaron el accionar de Díaz.
Por otro lado, quien definió la noticia de la renuncia de Díaz como “la mejor del día” fue Paola Fiege, esposa del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo.
Cabe recordar que en octubre de 2020 Balcedo y Fiege llegaron a un acuerdo abreviado con Fiscalía, que implica que evitarán la prisión y cumplirán libertad vigilada el resto de la condena. Para lograr este acuerdo, la pareja debió declararse culpable de los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, que fueran imputados por la Justicia luego de que se hallara en la casa gran cantidad de dinero en efectivo, coches de alta gama y armas.
En diálogo con Montevideo Portal, Fiege señaló que Díaz “es una persona oscura para Uruguay” porque “no representaba lo que dice el mandato del cargo de fiscal de Corte”.
En ese sentido, comentó que “ninguno de los fiscales, salvo el último Schubert Velázquez, no actuaron como tenían que hacerlo, no actuaron con honestidad, no investigaron y hacían lo que lo que les decía Díaz”.
“No había independencia, hacían lo que les decía su jefe y listo”, señaló Fiege. Además, considera que “la Fiscalía General de la Nación en manos de Díaz era una agencia de recaudación” y calificó al exfiscal de Corte como “un personaje nefasto para la Fiscalía, que tiene el fin de investigar y buscar la verdad, y en mi caso nunca buscaron la verdad”.
Tanto Balcedo como Fiege han asegurado que el dinero fue obtenido lícitamente y que hubo irregularidades en el allanamiento a su hogar, motivo por el que demandaron al fiscal Rodrigo Morosoli por daños y perjuicios.
El acuerdo implica que el Estado les decomisará el chalet Sounión de Playa Verde, cuatro coches de alta gama y cerca de US$ 4 millones. Sin embargo, hay otros bienes y montos que están actualmente embargados y que volverían a manos de la pareja.
Fiege sostuvo que le gustaría que “se investigue a fondo todo el daño que hizo mientras estuvo en su cargo” y su actuación durante la investigación en la causa que involucra a ella y a Balcedo.