El pasado 15 de agosto, el directorio de Antel aprobó un nuevo plan de tarifas mayoristas, lo que permitirá ofrecer servicios de fibra óptica a privados, entre los que se encuentran los cableoperadores.
Días antes, el 5 de agosto, el Poder Ejecutivo otorgó una licencia clase C a Unired Digital, una sociedad integrada por TCC, NuevoSiglo y Montecable, para “la instalación en el ámbito del departamento de Montevideo, de enlaces, medios y sistemas de telecomunicaciones para su provisión o arriendo a licenciatarios de servicios de telecomunicaciones”.
Estas resoluciones fueron criticadas por el Pit-Cnt y por varias voces desde el Frente Amplio, incluida la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosse, quien fuera presidenta de Antel durante el gobierno de José Mujica.
En las últimas horas, el Frente Amplio en su conjunto emitió un comunicado en el que rechaza la resolución del directorio de Antel, en el entendido de que “obliga a la empresa pública de los uruguayos a entregar a privados el uso de la fibra óptica”.
En la misiva , la coalición opositora señala que “la medida ahora aprobada fue rechazada reiteradas veces en el Parlamento Nacional desde 2020, tanto en el proyecto de ley de la LUC (2020), en las rendiciones de cuentas, como en diferentes versiones del proyecto de Ley de Medios (2021-2023)”.
Luego traza una breve retrospectiva, y recuerda que “el Estado uruguayo a través de su empresa tuvo una visión estratégica de desarrollo al construir la red de fibra óptica, los cables submarinos que conectan al país internacionalmente y el data center”. Esa inversión “tuvo el objetivo de garantizar el acceso de la población a conectividad de calidad, en tanto es un instrumento para el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales de las personas”.
Ahora, mediante la ya mencionada decisión, “Antel facilita a los privados el ingreso al mercado de venta del servicio de internet por fibra óptica, utilizando con fines meramente lucrativos la infraestructura concebida para el cumplimiento de derechos”.
El texto agrega que esta medida resultaría contraproducente en términos económicos, y enfatiza que esto es sabido por las autoridades de la empresa estatal. “De acuerdo con estimaciones del propio directorio, esto significa una renuncia de ingresos al Estado de hasta 60 millones de dólares anuales”.
“Consideramos necesario frenar la aplicación de esta resolución tomada administrativamente y en contra de la voluntad del legislativo, y que derivaría en grandes perjuicios para el Estado uruguayo”, añade el envío.
“El Frente Amplio, en protección del patrimonio público, exige al Gobierno nacional que frene esta entrega del patrimonio nacional a meses del cambio de Gobierno”, resume la publicación de la fuerza política, que adelanta que “realizará todas las acciones parlamentarias necesarias y estudiará las medidas de aplicación para detener esta resolución”.