Fernández declaró ante la Justicia y dijo que detenidos por querer matarla no lo planearon

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró ante la Justicia por la causa que investiga la presunta corrupción cometida por su gobierno en la obra pública de la provincia de Santa Cruz, luego de que la Fiscalía pidiera 12 años de cárcel e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.

En su alegato, la política señaló las “mentiras, las calumnias y difamaciones” de los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes, anunció, denunciará por la correlación que ve entre el petitorio hecho por los letrados y el intento de magnicidio que sufrió el 1º de setiembre.

"El día que el fiscal (Luciani) terminaba su histriónico alegato pusieron la puerta de mi casa en la televisión. Ahí mismito me quisieron pegar un tiro", dijo y agregó que tras la acusación del Ministerio Público se siente en “estado de indefensión”, según consigna Clarín.

"Quiero hacer un formal pedido ante este tribunal para que al finalizar las audiencias se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de las fiscales contrastadas con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio", señaló Fernández ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires. Apuntó que se está ante "un claro caso de prevaricato”.

Por otra parte, se refirió al intento de magnicidio cometido por el detenido Fernando Sabag Montiel, asistido por su pareja Brenda Uliarte y los integrantes de la llamada “banda de los copitos”. Fernández aseguró que los cuatro detenidos como “autores materiales” del atentado fallido no fueron quienes planearon el ataque.

"Lo tengo clarísimo, nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que hicieron", aseveró la también expresidenta (2007-2015), que acusó al Poder Judicial del estado de "indefensión" en el que aseguró se siente, ya que señaló que "desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa".

Fernández cuestionó que los abogados de los detenidos de esa "banda pequeña", eran "asesores de un senador" de la oposición, así como también la asesora de una diputada: "¿cómo se sentiría usted, doctor (Jorge) Gorini (uno de los jueces del tribunal) si le pasara lo mismo que a mí? Si los defensores de ese que intentó matarlo son legisladores peronistas", sentenció.

La causa Vialidad

Por videoconferencia desde su despacho del Senado, cámara de la que es titular, Fernández declaró en su propia defensa en la etapa de alegatos del juicio que enfrenta por la presunta adjudicación irregular de obras públicas durante su mandato como presidenta (2007-2015), cuando apenas han pasado tres semanas del fallido atentado del que fue víctima a las puertas de su casa.

"En este mismo tribunal, fiscales y jueces juegan (al fútbol) en la quinta (finca) del expresidente Macri y a nadie parece extrañarle", lanzó la vicepresidenta, que está procesada en diversas causas, de las que solo una, esta, conocida como causa Vialidad, en la que hay 13 imputados, tiene juicio abierto.

Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en la austral Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

"Para traerme de los pelos a mí a este juicio trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de procedimiento administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Realmente es un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio, casi al borde del ridículo", aseveró.

A juicio de la vicepresidenta, esa presunta "asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirrepublicana y profundamente antifederal", convencida de que, junto con su esposo, fueron elegidos por el pueblo y no pudieron "ser nunca una asociación ilícita".

Con información de EFE