Fenapes señaló “omisión del Codicen y de Interior” en supuesto espionaje en Liceo 41

La directiva de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), encabezada por su presidente, José Olivera, compareció este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para hablar de la filtración de audios en los que un policía compartió información sobre alumnos y docentes del Liceo 41 al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, condenado este año por cuatro delitos.

El policía en cuestión aseguraba que en ese liceo se preparaba un “escrache” y aseguraba que los estudiantes estaban influenciados por la “izquierda chilena”.

“No sé si vas a poder leer todo eso, pero te mandé para que vos te informes. Eso ya está acá, lo están usando los movimientos feministas y todo ese tipo de cosas, en los liceos. Hay gurises de 14, 15 años que ya están militando con eso. Es preocupante porque es una cosa que va a ser complicada para el gobierno nuestro”, decía el policía, agendado en el teléfono de Astesiano bajo el nombre de Marcelo Baiano.

“Te pasé las capturas de pantalla, ahí podés ver arriba que dice funa [término que en Chile tiene un significado similar al de escrache] de Liceo 41, es el que está en San Martín y León Pérez. Se ve que están usando a esos guachos que viven en los cantes y están medio descerebrados. Perdoname la expresión pero es así”, escribió el policía.

“¿Te interesa? Para mí tendría que ser. Si te interesa, tengo números de teléfono, tengo todo, cosa que puedas intervenir todo y tener una imagen más amplia de eso”, propuso.

Tras salir de la instancia, Olivera expresó: “En los audios se deja ver que hubo una cierta práctica de apariencia delictiva que no solo involucraba al espionaje y escuchas de los docentes y estudiantes del Liceo 41, sino que también de otros liceos de la periferia”.

En este sentido, el dirigente sindical explicó que dejaron en claro en la comisión que, antes de asistir, conversaron con autoridades del Codicen (Consejo Directivo Central), INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y hasta con el fiscal de Corte, Juan Gómez. “Dejamos en claro nuestras preocupaciones”, afirmó Olivera.

“Una de ellas es la omisión en la que incurrió Codicen al no presentar una denuncia en Fiscalía”, sostuvo. Además, Olivera manifestó que esta decisión de ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) llamó “poderosamente la atención”.

También criticó que las autoridades de Secundaria no hayan recibido, en aquella ocasión, a los familiares de los estudiantes.

“Nos llama poderosamente la atención lo del Ministerio del Interior, que no sabemos bajo qué mecanismos disciplinarios determinó el cese del pase en comisión del policía, que formaba parte de la custodia presidencial, y designarlo en su puesto de origen, que era una comisaría”, dijo Olivera, y agregó: “No se entró a investigar, ni se estableció otro procedimiento disciplinario en términos de que hay un funcionario público que traficaba información”.

“No surge evidencia de que se haya cometido delito”

Estos audios formaron parte de la carpeta investigativa del caso Astesiano y fueron investigados por la fiscal Gabriela Fossati.

Fossati, al ser consultada por Montevideo Portal en aquella ocasión, afirmó que “no surge ninguna evidencia de que se hubiera realizado algún acto positivo en la dirección de la solicitud o del planteo de ese funcionario”.

“Un acto preparatorio a partir de un pedido en una conversación privada, que no tuvo ningún acto positivo para cumplir con ese pedido, en estas condiciones, a mi juicio no encuadra en un ilícito penal, teniendo en cuenta los parámetros de la normativa penal, específicamente, y de la forma que hay de ser interpretada una norma penal”, sostuvo Fossati.

La fiscal dijo que “los actos preparatorios, en líneas generales, no están penados por la ley penal”, sino que tiene que haber “una instancia mínima, un iter criminis mínimo, para que el accionar pueda ser comprendido en una figura delictiva”.

“Estamos hablando de una conversación entre dos partes; en mi opinión no alcanza el grado mínimo de desarrollo de la conducta que requiere una tipificación del delito”, remarcó.