Fenapes presentó sus descargos a la comisión investigadora por licencias sindicales

Los dirigentes y exdirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realizaron sus descargos tras las denuncias por presuntas irregularidades que hizo la comisión investigadora que indagó presuntas licencias irregulares entre 2015 y 2019.

Los docentes Graciela Almeida, Virginia García Montecoral, José Olivera (secretario general de Fenapes), Ana Pescetto, Marcel Slamovitz (profesor de historia) y Alejandra Vespa, señalaron en un documento, al que accedió Mora Contenidos, que la investigadora “se entrometió en la vida interna de un sindicato” cometiendo una “flagrante violación a la Constitución de la Republica y tratados y convenios internacionales”.

“La tarea ilícita Llevada a cabo por la referida comisión, implica la flagrante violación al derecho de las organizaciones sindicales de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción y la violación de las autoridades públicas de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”, agregan los docentes.

En el texto afirman que en la comisión “no han cumplido con la obligación constitucional y legal de respetar el debido proceso y mucho menos el derecho de defensa”.

“Pretender cumplir con dicho mandato, atribuyendo responsabilidad por la presunta comisión de conductas con relevancia penal, sin precisar que ilícito penal se le atribuye a cada una de las personas que se enumeran en la parte resolutiva de la resolución, de ninguna manera garantiza el derecho de defensa contenido en el macro principio del debido proceso de fuente constitucional”, añade el documento.

En ese sentido, los docentes sostienen que “un acto jurídico que nace nulo por manifiesta ilegalidad no puede irradiar efectos jurídicos válidos, por lo que corresponde a derecho que el pleno de la Cámara de Representantes no apruebe las resultancias de esta comisión, por ser las mismas, fruto de una ostensible y grosera ilegalidad”.

“Presenciar cómo legisladores sin pudor alguno avasallan derechos fundamentales de raigambre constitucional (derecho al debido proceso, al derecho de defensa, a la libertad sindical, etc.) cuando al momento de asumir en sus cargos juran defender la Constitución, es una clara manifestación del irrespeto que se le tiene a las instituciones como si también al pueblo que dicen representar”, concluyen.

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