La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) consideró que “se impone reconocer que estamos ante una situación de emergencia educativa a nivel nacional” y advirtió que “hacerlo es un punto inicial” y que “luego habrá que actuar consciente y responsablemente en su modificación”.

Tras la asamblea general de delegados, la federación manifestó que “la próxima Rendición de Cuentas, última del período actual de gobierno en la cual se puede ampliar el presupuesto del Estado, debe revertir el actual proceso de recorte presupuestal y dar respuesta mediante apoyo financiero concreto a un conjunto de demandas hasta ahora no atendidas”.

En una declaración, Fenapes reclamó “terminar con la discrecionalidad política del Codicen de la ANEP en torno a priorizar financieramente aquellos componentes funcionales a la ‘transformación educativa’, como gastos superfluos e innecesarios en campañas publicitarias”.

Por último, manifestó que “se debe atender urgentemente las demandas que en materia alimentaria y de salud mental presentan nuestros estudiantes, revertir el proceso de recortes en horas y grupos, crear cargos en los distintos escalafones y concretar un plan de shock edilicio que atienda las necesidades de infraestructura”.

Estado de situación

Previo a la manifestación de los cuatro puntos antes mencionados, la federación presentó un estado de situación en el que sustentan sus reclamos. En primer lugar, señaló “el impacto del recorte presupuestal que desde el año 2020 se viene ejecutando en al ANEP y su efecto negativo en las condiciones de aprendizaje y de trabajo”, que evidencia “en los centros educativos del país”.

“En este marco de recorte presupuestal se procesa una ‘transformación educativa’ -impuesta por las autoridades- donde se concentra casi con exclusividad la preocupación en materia financiera presupuestal, en desmedro del resto del sistema educativo, generando problemas de sustentabilidad cada más vez agudos”, agregó.

Además, criticó que “la disminución en la cantidad de grupos, con el consiguiente aumento de la cantidad de estudiantes por grupo; [y] la disminución de la cantidad de horas de apoyo y coordinación docente, así como la no creación de cargos, generan mayor dificultad a las trabajadoras y los trabajadores al momento de atender las demandas que a diario (…) presentan el estudiantado, sus familias, y los entornos al centro educativo”.

“La violencia social a la que están expuestos nuestros estudiantes, que ni siquiera tiene asegurado un derecho tan básico como la alimentación diaria, repercute en su salud mental sin que existan políticas activas desde el sistema para su debida atención, y lo que es más grave aún, el retiro del territorio de políticas sociales a cargo de otros organismos agrava más esta lamentable situación”, advirtió la federación de profesores de secundaria.

Además, denunció “un estado de deterioro estructural de muchos edificios, sin que se conozcan planes reales de obras que lo reviertan, más allá de los engañosos anuncios que en esta materia, como en otras, se hacen como parte del marketing político que lleva adelante la actual administración”.