La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) dio una conferencia de prensa este viernes acerca de la situación en el liceo IAVA, donde expresó que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) “faltó a la verdad” en su defensa de la resolución que ordenaba instalar la rampa donde se encuentra el salón del gremio de estudiantes del centro.

“Sobre el primer aspecto, creo que es irrefutable el informe de fecha 13 de marzo, es decir, casi un mes antes de que se adoptara la resolución de sumario, firmado por la arquitecta Mariana Mandressi, donde se establece la inviabilidad técnica de construir una rampa de acceso en el lugar donde está ubicado el salón gremial”, apuntó José Olivera, secretario general del sindicato.

A su vez, dijo que la arquitecta en su informe “ofrece a la administración una alternativa, construyendo el ingreso mediante rampa en otro lugar del centro de estudios”.

“Hay que recordar, además, que esa puerta de acceso de Acevedo [donde está el lugar usado como salón gremial] en algún momento se tuvo que cerrar por problemas de no contar con porteros y poder limitar el ingreso de personas”, apuntó.

Además, Olivera dijo que “las propias inspectoras que estaban en el asunto, enviadas por la DGES, comparten la recomendación que hace la arquitecta Mandressi en este informe del 13 de marzo”.

“Ahora, lo llamativo, es que el 11 de abril, en el considerando número 3, se falta a la verdad por parte de la DGES porque leo, dice que, ante la situación planteada, el Departamento de Infraestructura Edilicia sugiere contar con el salón oportunamente cedido para uso gremial a fin de que el centro educativo cuente con una segunda rampa de acceso para personas con dificultad de movilidad que se oriente directamente a la planta baja de la institución educativa, dado que la ya existente permite el acceso al subsuelo, imposibilitando de esta forma la accesibilidad plena”, relató el dirigente. 

“La verdad, acá se está faltando a la verdad, porque técnicamente se le dice no es posible hacer la rampa allí, se le ofrece una alternativa, que comparten además las propias inspectoras que están junto con el equipo de dirección en el asunto, enviadas por la propia DGES. O sea que acá alguien va a tener que explicar cómo la administración toma una resolución en base a fundamentos que son mentira”.

Olivera señaló que Robert Silva, presidente del Codicen, argumentó que las direcciones políticas de los organismos toman decisiones informadas por los equipos técnicos.

“Pero no hay función delegada. Es decir, ni División Jurídica, ni el Departamento de Infraestructura en este caso pueden tomar definición por sí misma. Lo que hacen es orientar la definición de la administración. Que Jurídica sugiera un sumario no quiere decir que la administración lo haga, porque si esto fuera así, la pregunta que habría que preguntarle a Secundaria y a la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] es por qué no llevó a cabo lo que le estaba diciendo el Departamento de Infraestructura edilicia; porque si todo se define en función de lo que informen los técnicos, alguien tiene que explicar la discrecionalidad de por qué a uno sí le hacemos caso y a otros no”, mencionó.