Femicidios serán investigados por fiscalías de Homicidios en lugar de Violencia Doméstica

La Fiscalía General de la Nación informó que resolvió finalmente la instalación de una cuarta fiscalía de Homicidios, “para hacer más eficiente la persecución penal de estos delitos”.

“De ese modo, las fiscalías en homicidios pasarán a tener turnos semanales, desempeñándose también los fines de semana. En la actualidad, esas fiscalías tienen turnos cada 10 días y no trabajan durante los sábados y los domingos”, señala el comunicado.

Además, se agrega que las fiscalías especializadas en este tipo de delitos “asumirán los casos de homicidios muy especialmente agravado por femicidio, los que hoy en día son trabajados por las fiscalías de Violencia Doméstica”.

También se informó que se instalarán dos nuevas fiscalías de Delitos Sexuales en los próximos meses. Igualmente, se instalará, por la misma vía, una tercera fiscalía de Adolescentes en Montevideo.

En el comunicado, Fiscalía recuerda que hubo dos modificaciones a tener en cuenta en la última Rendición de Cuentas.

El artículo 177 de esa norma sustituyó el numeral 8 del inciso segundo del artículo 414 de la Ley Nº 18.362 en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 19.247. Ello implica que se modificó la competencia de los juzgados de Crimen Organizado, por lo que el delito de tráfico internacional de armas debe seguirse litigando en esas sedes, pero que el delito de tráfico interno de armas debe litigarse en los juzgados penales comunes.

“En función de esa disposición, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, emitió el lunes 5 de febrero una resolución por la cual asigna la competencia de los casos de tráfico interno de armas a las fiscalías de estupefacientes de Montevideo de 2º, 3º y 4º turno, mientras que la Fiscalía de Etupefacientes de 1er Turno se hará cargo de las investigaciones del tráfico internacional de armas”, agrega el comunicado.

Por otra parte, se informó que fue regulado “el decomiso ampliado, estableciendo en grandes rasgos que el tribunal penal competente ordenará siempre el decomiso de los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos de los que el condenado no pueda justificar su procedencia lícita”.

“Ello permitirá un combate más efectivo en especial al crimen organizado, al atacar el beneficio económico producido por las actividades delictivas”, concluye la misiva.