A inicios del 2017, un correo electrónico firmado por el "Comando Barneix" llegó a las casillas del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y de la por entonces directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal, Mirtha Guianze.
Entre los 13 amenazados se encuentran también la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera; los abogados patrocinadores en causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea y Pablo Chargoñia; el defensor de DDHH brasileño Jair Krischke; la investigadora italiana Francesca Lessa. En la lista estaban también el entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez y el magistrado francés Louis Joinet, hoy fallecidos.
Ese mensaje lamentaba el suicidio del ex general retirado Pedro Barneix, que se quitó la vida luego de ser procesado por la Justicia por el crimen de Aldo Perrini durante la dictadura, y prometía asesinar a tres personas de una lista de 13 ante cada nuevo "suicidio" de un militar juzgado por crímenes cometidos durante el gobierno de facto.
En aquel entonces, la Justicia se hizo cargo de la investigación, pero a cuatro años del episodio no se ha logrado dar con el origen del mensaje ni del reconocido "Comando Barneix".
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que ve con preocupación "tan graves hechos que no respetan la integridad y la vida de personas y erosionan al Poder Judicial".
En ese sentido, consideran "que es imperioso que se realice la investigación pertinente".
"Estas amenazas atentan contra la democracia que tanto sacrificio costó a nuestro pueblo recuperar", señalan en el comunicado.
Además. recuerdan que "la denuncia fue presentada por las víctimas de las amenazas en la Fiscalía penal de 4º turno, en su momento a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, y pasó en 2020 a la fiscalía de 2º turno".
"En el tiempo transcurrido se convocó a tres audiencias y se realizaron unas pocas pericias sin resultados. No se investigó y la causa puede archivarse en función del artículo 117 del Código Penal que establece los tiempos de prescripción de los delitos de acuerdo a su pena y el artículo 100 del Código del Proceso Penal que habilita al fiscal a no iniciar o a archivar una causa pasado el plazo de cuatro años y presuma que no resultará pena de penitenciaría", añaden.
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