Por Sofía Tardáguila

De la noche a la mañana, la vida de su hija cambió para siempre y, con ella, la de toda la familia. Esa persona que vio crecer durante 18 años se transformó por completo: crisis, alucinaciones, brotes con delirio místico, intentos de autoeliminación y voces que resonaban en su mente. Estas son algunas de las cosas que viven pacientes y familiares luego del despertar de una enfermedad mental crónica. “Cuando pide ayuda dice que su cabeza es una licuadora donde se meten ideas que giran y hacen ruido, y ella no puede detenerlo”, cuenta Hilde Hansz, quien tiene una hija de 45 años que a los 18 fue diagnosticada con esquizofrenia severa.

Hansz forma parte de la Asociación de Familiares de Personas con Padecimiento Mental de Montevideo, grupo que se formó a partir del Centro Psicosocial Sur Palermo, en donde se atienden sus familiares. Algunas semanas atrás, esta asociación denunció en un comunicado el incumplimiento de la Ley de Salud Mental (2017) en más de un aspecto por parte de instituciones médicas privadas.

Internaciones: sin salas

Cuando un paciente con padecimiento mental entra en crisis, se convierte en un arma peligrosa para sí mismo y para quienes lo rodean; la internación y una correcta medicación son esenciales para estabilizarlos. La ley señala que debe haber salas de salud mental en cada prestador para que el paciente sea valorado por un equipo completo de salud y no solo por su afección mental. Los familiares denuncian que, salvo excepciones, los prestadores privados incumplen esto y siguen internando en clínicas privadas sin una atención integral.

“Nadie los ve como a un todo”, reclama Rosabel Etcheverry, quien tiene una hija de 36 años diagnosticada con esquizofrenia a los 18, y agrega que no hay equipos de psicólogos y psiquiatras que trabajen en conjunto o que les hagan chequeos físicos, necesarios dada la variedad y cantidad de medicación que toman. “¿Dónde está la función rectora del MSP en esta situación?”, cuestionan en su comunicado.

Horacio Porciúncula, director de Salud Mental del MSP, responde que actualmente están trabajando en el diseño de las salas de internación en los hospitales, los recursos humanos necesarios, su funcionamiento, y que se está usando como modelo la sala del Hospital Maciel: “Un paciente de salud física ingresa en una cama y se va caminando. Para los usuarios de salud mental es al revés: cuando el paciente ingresa no está en cama, por lo que necesitan otros espacios en donde se pueda trabajar lo vincular y psicológico”. Además, sostiene que posteriormente hay que elaborar resoluciones ministeriales para fiscalizar que se cumpla con el diseño de los espacios y que, si bien algunos prestadores ya cuentan con ellos, está lejos de ser el 100%. “No quiero que se transformen en pequeños hospitales mentales. Son pacientes que hoy están en una situación y mañana en otra, y hay que tratarlos según sus circunstancias”, comenta Porciúncula.

En la Ordenanza 1488 del MSP se establece otro tipo de internación o apoyo diurno que define “servicios de Medio Camino” para pacientes que tardan en adherir al tratamiento o requieren apoyos de recuperación sostenidos. Son servicios sanitarios para apoyarlos luego de la atención aguda. Sin embargo, hoy no existe tal prestación en el plan del MSP; solo la ofrece ASSE en algunas ciudades (San Carlos o Mercedes). “Los prestadores privados no brindan esa atención y aconsejan a la familia que concurra a una clínica privada de recuperación, si puede pagarla”, menciona la Federación en el comunicado.

Susana Moizo tiene una hija de 43 años diagnosticada con psicosis que se niega a tomar la medicación, lo que la lleva a descompensarse con regularidad. “El médico dice que la tienen que poner en una clínica y te da una lista de lugares deprimentes. Hicimos un esfuerzo muy grande con la familia y sacamos un préstamo para internarla en el Sanatorio Parque, porque en la Médica Uruguaya no la aceptaban. Estuvo un mes y nos costó $ 63.000. No podemos pagar eso cada vez que tiene una crisis”, manifiesta Moizo.

Internaciones: tiempo de recuperación

Otro aspecto que los familiares reclaman es el tiempo de internación: antes de la ley, cada paciente contaba con un mes por año; ahora se establece que no debe haber límite temporal y los familiares señalan que cuando el tiempo es el necesario, los pacientes vuelven recuperados a sus casas. Sin embargo, esto casi nunca es así: “Los tienen menos de una semana y como mínimo deberían ser 30 días para que adquirieran una estabilidad, teniendo en cuenta que la medicación comienza a hacer efecto entre los cinco y siete días”, comenta Raquel Saura, madre de Lorena, quien padece esquizofrenia hace 19 años. Cuenta que llegan a la clínica, los estabilizan, a los tres días los devuelven a la casa y el ciclo se repite, ya que no les dan el acompañamiento integral ni el tiempo que necesitan. “El alta se las dan por cuestiones administrativas y económicas, no por cómo está el paciente”, afirma Hansz.

Por su parte, Pablo Fielitz, director de Salud Mental de ASSE, asegura que el promedio de estadía en el Hospital Vilardebó es de más de 30 días, que recibe aproximadamente 1500 consultas al mes en emergencia y que 200 pacientes son internados mensualmente. Porciúncula señala que el tiempo de internación debe ser el correcto y dentro del período crítico, dejando de lado las conveniencias económicas: “Si el período de crisis dura 20 días, serán 20 días. El familiar tiene derecho de exigir que la internación sea la adecuada y desde la internación deben acatar la ley siempre que se trate de un caso agudo”. El jerarca del MSP sostiene que hay que evitar que los pacientes lleguen a las internaciones e intentar que estas sean lo más breves posibles, respetando los derechos humanos: “El paciente te pregunta cuándo se va de alta, y el familiar, cuánto se puede quedar”.

Rosario Villar tiene un hijo de 22 años que hace tres meses está en Casa, un hogar psiquiátrico para jóvenes, por un presunto diagnóstico de esquizofrenia. Nahuel se aisló en su cuarto desde enero a marzo y amenazó a su madre de muerte. “Me miró a los ojos y me dijo que me iba a matar”, cuenta Villar, quien hace siete meses perdió a su marido y hoy se encuentra enfrentando la nueva e incierta situación de su hijo. Al otro día de internarlo, un médico le dijo que Nahuel tenía esquizofrenia sin cura, pero no le indicaron ningún tratamiento. “‘Es lo que hay, señora’, me dijo el médico”, comenta esta madre.

A la semana de internación le dijeron que tenía que buscar una solución, que ya estaba estabilizado y le tenían que dar el alta. “Nadie me decía cómo manejar la situación, solo se lo querían sacar de arriba”.

Internaciones: la atención

El trato que reciben los pacientes durante la internación es otro tema que alarma a los familiares. Etcheverry dice que su hija estuvo cinco veces internada por dejar la medicación. Hace siete años que no sucedía, pero a fines de 2021 tuvo una crisis que la llevó a internarse y la experiencia fue muy diferente: “Hay una deshumanización tremenda. Con la excusa del covid, las visitas deben ser a dos metros y con una reja de por medio. Te piden un abrazo entre rejas, pero está prohibido”.

Cecilia Bosch tiene un hijo de 20 años que a los 19 sufrió un brote con delirio místico y aún no está diagnosticado. Su hija de 15 se vio afectada por la situación de su hermano y tuvo un intento de autoeliminación que la llevó a internarse en la Clínica de los Pocitos. Como era menor, Bosch se internó con ella y a los tres días le dieron el alta. “Vi gente adulta que no quería tomar la medicación y la ataban. Los dopaban todo el día. No había acompañamiento terapéutico, les daban mandalas para que pintaran y ya estaba”, comenta Bosch.

Hansz agrega que en Villa Carmen, donde su hija estuvo internada, la tenían atada y en una ocasión le negaron la micronarcosis, tratamiento necesario para frenar las crisis. “Se lastimó, se cayó varias veces. No podían moverla, pasó un mes y medio aislada y le robaron todo”, asegura la madre.

Casos de emergencia

Hacer que un paciente acceda a una consulta de emergencia puede convertirse en una lucha que, en ocasiones, desborda a los familiares. “Muchos compañeros no han tenido más remedio que acudir a la policía”, comenta Raquel Saura, quien en una ocasión estuvo a punto de hacerlo, ya que la emergencia no accedía a llevarse a su hija si no era por sus propios medios. Ese día su hija quiso borrarse de la mutualista para no tener cobertura médica, entonces se encerró en el apartamento con la amenaza de tirarse del edificio si no la eliminaban del registro. Desde la emergencia le dijeron que, si ella no abría la puerta por su voluntad, ellos no podían hacer nada: “que pase lo que tenga que pasar”. Al final su hija abrió, fue a la emergencia, habló 10 minutos con un psiquiatra y volvió a la casa. “Obviamente siguió con lo mismo. Es un ciclo”, señala Saura con la voz hastiada.

“No entiendo cómo es posible que en un caso en el que está diagnosticada no la lleven si está descompensada. Cuando hay peligro de vida y se sabe que está mal, se la tendrían que llevar. ¿Qué hago? Si se mata, ¿de quién es la culpa?”, cuestiona Susana Moizo, que ha tenido que acudir a la policía y a un juez en reiteradas ocasiones para que trasladaran a su hija a la emergencia.

Al respecto, Pablo Fielitz sostiene que la ambulancia no puede llevarse a un paciente que no acceda a ello a no ser que haya una orden médica o judicial. De lo contrario, “se estaría vulnerando el derecho del paciente”.

Además, en la mayoría de las emergencias no hay un grupo especializado en enfermedades mentales. “Si llegás con la pierna rota hay todo un protocolo. Acá no. Pasan tres o cuatro horas hasta que llega un profesional que cree que vos no sabés nada, que es la primera vez que vas, que tenemos que revisar la medicación. No tienen ninguna capacidad para gestionar la crisis”, comenta Hansz, y sostiene que si se llega al punto de ir a la emergencia es porque la situación es de internación urgente, ya que por motivos de delirio, alucinaciones o insomnio no van.

Porciúncula dice que en ocasiones puede llevar más de dos horas convocar al profesional, ya que no hay psiquiatras de guardia en las emergencias. De todos modos, señala que esto no sería posible dado que el número de profesionales a nivel país no es suficiente. Fielitz menciona que los hospitales departamentales cuentan con psiquiatras de retén, que son convocados en casos de urgencia, y que los únicos hospitales que tienen psiquiatras de guardia las 24 horas son el Vilardebó y el Pasteur.

Porciúncula cuenta que hace alrededor de un mes en el MSP iniciaron una capacitación de recursos para la detección rápida en cuestiones vinculadas a la salud mental en tres áreas: intento de autoeliminación, depresión y psicosis. Se está utilizando una plataforma internacional (mhGAP) de la Organización Panamericana de Salud y se convocó a Hugo Cohen, especialista que ha capacitado en más de 30 países a profesionales para seguir un control farmacológico y psicológico. “No se trata de sustituir al especialista, pero sí de que haya recursos humanos capaces de hacer una detección y dar una continuidad a los pacientes”, indicó. El primer grupo que comenzó a capacitarse está compuesto por médicos de familia, médicos rurales, dos abogados, familiares de usuarios y psicólogos.

Por otro lado, los familiares reclaman que, una vez que logran llegar a emergencia, muchas veces los pacientes se escapan, ya que se los descuida o se los deja “salir a fumar” y nunca vuelven, con lo cual quedan en riesgo ellos y terceros. La última vez que internaron a la hija de Moizo, fue con su hermano y la policía a la emergencia, pero una vez allí su hija se escapó y volvió a la casa. “Tuvimos que volver a hacer todo el trámite con el juez”, comenta.

La amenaza de muerte de Nahuel a su madre fue el impulso que la hizo acudir a la emergencia y a la policía, que se presentó en la casa pero se negó a llevar a su hijo contra su voluntad: “Cuando se iban, les pregunté qué hacía, porque él me amenazaba y hacía gestos como que quería matar a la vecina, que era quien me ayudaba, como si quisiera cortarle el cuello”. La policía le aconsejó hacer la denuncia por violencia de género, pero Villar quería ayudar a su hijo, no ponerle una tobillera.

El psiquiatra Martinelli fue a la casa y habló cinco minutos con Nahuel, que insistía con que iba a demandar a su madre. Al salir, se comunicó con la doctora que no había accedido a llevarse al paciente: “Se pusieron a discutir enfrente de mí. Le dijo que ella tenía el deber de mandarlo a emergencia por situación de amenaza”. Tres policías y un doctor se presentaron en la casa; Villar se fue a lo de su vecina y miraba por la ventana. Estuvieron dos horas para convencer a Nahuel de que saliera de su cuarto y accediera a ir a la emergencia. Tenía la presión por las nubes.

Una vez en emergencia, se le indicó un inyectable, pero como no había psiquiatra de guardia no se lo dieron. El joven le dijo al guardia que le habían dado el alta y se escapó de la emergencia. Tuvieron que contactar al taxista para que lo llevase de vuelta y lo internaran.

El testimonio familiar

Los familiares reclaman que su punto de vista y sus vivencias con el paciente no son tenidas en cuenta en las consultas. “A veces la persona habla bien y el médico lo ve bien, pero no se trata de evaluar solo ese momento puntual. No se nos escucha. Lo mandan de vuelta a la casa y así es imposible”, relata Saura. A su vez, Rosabel Etcheverry señala que los médicos disponen de poco tiempo en las mutualistas para atender al paciente y para tener un espacio con algún integrante de la familia.

Fielitz, en tanto, asegura que las situaciones en las que no se considera a la familia son puntuales, y que en términos generales se tienen en cuenta cuando se define el tratamiento del paciente. “El equipo cuenta con licenciados en trabajo social, que son los encargados de la comunicación con la familia”, afirma el director de ASSE. Sin embargo, todos los familiares entrevistados manifiestan la falta de escucha de los profesionales. “Los padres estamos luchando y defendiendo los derechos de los que no pueden hacerlo y no estamos siendo escuchados”, reclama Etcheverry.

Porciúncula manifiesta su preocupación por los aspectos discriminatorios a los pacientes de salud mental: “Cuando hemos hecho cursos de capacitación en el MSP, lo primero que hicimos fue presentar el estigma que tiene el usuario cuando llega por una consulta relacionada a la salud mental. Sabemos que este hecho lo ubica en un segundo plano”, comenta.

Para Saura, el objetivo de la denuncia y el comunicado no es obtener una preferencia, sino que se vea al paciente de salud mental como al de cualquier otra enfermedad y que los sanatorios se adapten para sacar las colonias psiquiátricas. Concluye: “Que el enfermo mental tenga los mismos derechos que cualquier otro enfermo”.

Nuevo comunicado: crisis en un ómnibus

El pasado 2 de agosto, la Asociación de Familiares y la Federación Caminantes sacaron otro comunicado a raíz de lo ocurrido en un ómnibus de la empresa COTMI en ruta 1 el 23 de julio. Un video viral muestra cómo el guarda y una oficial de policía retiraron a la fuerza a un joven de 23 años con aparente estado de crisis. Varias horas después, el joven fue atropellado y luego internado en el hospital de Las Piedras.

En su comunicado, las asociaciones denuncian la falta de profesionalismo y empatía de la oficial de policía y del trabajador de transporte, y sostienen que una descompensación de la salud mental en el marco de un recorrido de bus debe ser atendida como cualquier otra descompensación de salud: acercar a la persona a un centro médico o llamar al 911 para que brinde apoyo de traslado o una ambulancia. “Resulta muy preocupante que un agente de policía carezca de la capacitación básica para abordar situaciones como estas, considerando que sus servicios son requeridos como apoyo por los equipos de salud en casos de descompensación y/o agitación psicomotriz”, reclama el comunicado.

Por otra parte, hacen referencia a la indiferencia de los pasajeros ante el hecho. “Se escucha un grito: ‘la mochila, tirale la mochila, arrancá nomás’; no se escucha voz alguna que intente poner límite a la injusta violencia”, mencionan, y exigen que se investigue el hecho, se apliquen las medidas pertinentes y se elaboren protocolos para que esto no se repita.

La Jefatura de Policía de San José sostiene que “lo que hizo la policía fue darle garantías al chofer del ómnibus; la policía respaldó lo que el chofer quería hacer”. Ante tal afirmación, las asociaciones de familiares cuestionan qué pasa con los derechos de una persona cuya salud corre peligro. Afirman que urge la realización de campañas de sensibilización hacia la comunidad para brindar información acerca del sufrimiento psíquico, y concluyen: “El día que esto ocurra, todos seremos mejores seres humanos”.