Familiares de Prisioneros Políticos reunidos con ONU: desde 2020 murieron 12 de 50 presos

Integrantes de la organización autodenominada Familiares de Prisioneros Políticos se reunieron este miércoles con Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente de Naciones Unidas (ONU) Uruguay, y con Graciela Dede, asesora de Derechos Humanos de ONU Uruguay, del Alto comisionado para los DDHH, para “informarles sobre la vulneración de derechos y garantías que sufren civiles, policías y militares que actuaron en defensa de las instituciones a órdenes del mando político y militar durante los años 1970 y 1980, hoy privados de libertad en forma ilegítima y arbitraria, bajo la pasividad y aquiescencia de los poderes del Estado”, expresó el grupo en un comunicado de prensa.

Diego Flores, integrante del Familiares de Prisioneros Políticos, fue quien participó de la reunión virtual en representación del grupo. “Concretamente denunciamos: la aplicación en forma retroactiva de la ley penal más gravosa y la no aplicación retroactiva de la ley más beneficiosa en evidente contradicción con las normas nacionales e internacionales; la inversión del principio de la carga de la prueba; el desacato por parte de los jueces de los fallos de inconstitucionalidad de la Ley N° 18.831 dictados por la Suprema Corte de Justicia en los casos concretos; los  procesamientos y las condenas por delitos comunes ya prescriptos con consecuencias y castigos como si fuesen delitos de lesa humanidad; la negación de acceso a los regímenes: a- de libertades, b- de penas alternativas a la prisión, c- de salidas transitorias; aún cuando se cumplen con todos los requisitos legales para que se les apliquen dichos institutos”, agrega el comunicado.

El grupo resaltó que “civiles, policías y militares denunciados por presuntos hechos acaecidos hace más de 40 años, son procesados con prisión en clara contravención con la Ley de Humanización del año 2005 y del nuevo Código de Proceso Penal que establece que el fin primario de la prisión preventiva como medida cautelar es instrumental y consiste en evitar que el imputado se fugue, cause daño a la víctima, destruya prueba o cometa otro delito”.

“No obstante de resultar evidente que en ninguno de los casos se da ni siquiera uno solo de estos supuestos, se priva de libertad a estos adultos mayores, convirtiendo la medida cautelar de la prisión preventiva en un adelanto de pena, lo que es inconstitucional de conformidad al artículo 15 de la Constitución. Y sin embargo los jueces imponen el castigo antes de la sentencia de condena ‘muerte en prisión sin condena’, bajo el silencio cómplice del resto de los poderes estatales, de ahí la prueba que se trata de prisioneros políticos”, manifiesta.

Por otra parte, Familiares de Prisioneros Políticos, el grupo creado durante la pandemia informó a los representantes de ONU “sobre las acciones a realizar para impedir o cesar la prisión de este sector de la población discriminado y criminalizado por aplicación del derecho penal del enemigo, vulnerable por razón de la edad – se trata de adultos mayores cuyo promedio de edad es de 75 años- varios de ellos con patologías severas, con ningún grado de peligrosidad e integrados a la sociedad”.

“Asimismo, destacamos que a pesar de que en Uruguay no existe la pena de cadena perpetua, ni las cárceles pueden utilizarse para mortificar, entre el 2020 y lo que va del 2022 han fallecido 12 prisioneros de un total de 50, lo que ha causado un impacto emocional negativo en el resto de los prisioneros, aunado a la aflicción que les produce su condición de detenidos sin esperanza a acceder a un juicio justo e imparcial y consecuentemente condenados a una muerte en prisión”, agrega la organización.

Por último, considera que “con esta reunión se abrió un espacio de intercambio con la principal organización garante de los derechos humanos a nivel global lo que constituye un hito fundamental en el avance hacia la liberación de nuestros familiares detenidos en forma ilegal y arbitraria”.

En otro orden, en el plano político partidario, los principales dirigentes de Cabildo Abierto han lamentado las muertes de algunos de estos presos; la mayoría condenados por graves delitos.