La empresa cripto FTX, que creó un imperio de la mano de Sam Bankman-Fried hasta que entró en bancarrota, busca recuperar el dinero que distintos políticos recibieron a modo de donaciones. La estimación es que el fundador del exchange repartió unos US$93 millones en distintas campañas electorales.
FTX Group afirmó que está enviando "cartas confidenciales" a políticos y otros beneficiarios de Bankman-Fried para pedirles que devuelvan el dinero antes de fin de mes, informó el sitio especializado Coindesk.
La empresa alertó que "se reserva el derecho" de intentar forzar el reembolso mediante acciones judiciales y ofrece como contrapartida la confidencialidad para quienes lo hagan de manera voluntaria.
Según un informe de CoinDesk, uno de cada tres miembros del actual Congreso estadounidense recibió contribuciones de la órbita de Bankman-Fried.
FTX, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresuraron a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.
La debacle de la empresa fue uno de los mayores golpes a la industria cripto desde su surgimiento. Además vino de la mano de la acusación de fraude de su fundador, señalado hasta antes de la quiebra como el niño prodigio de los negocios cripto.
Bankman-Fried es sospechoso de haber utilizado, junto a colaboradores, fondos depositados en la plataforma por clientes para realizar operaciones especulativas a través de Alameda Research, una firma de inversiones hermana de FTX.
Además es sospechoso de haber invertido parte de ese dinero en bienes inmobiliarios en las Bahamas y haber efectuado donaciones a políticos demócratas -siempre con fondos de clientes-, entre ellos Joe Biden, durante la campaña presidencial.
El empresario fue acusado de ocho cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral.
Bankman-Fried se declaró no culpable de las ocho acusaciones, cinco de las cuales tienen una pena máxima de 20 años de prisión cada una, por lo que el empresario se arriesga a pasar el resto de su vida en la cárcel.
Con información de EFE y AFP.